El hijo del senador Josian Santiago renunció a su puesto como director ejecutivo de la Comisión de Asuntos Municipales, confirmó el miércoles, 28 de enero de 2026, el secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Manuel Calderón Cerame, tras señalamientos públicos sobre nepotismo.
“El senador Josian Santiago, tal y como ha sido la postura de nuestro presidente, Pablo José Hernández Rivera, en contra del nepotismo, hizo lo correcto al notificar que su hijo no trabajará más en su oficina”, dijo Calderón Cerame en declaraciones escritas.
El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD) sostuvo que la renuncia forma parte de los cambios impulsados por la reorganización interna de la colectividad, con miras a diferenciarse del Partido Nuevo Progresista en prácticas administrativas.
Calderón Cerame defendió además la trayectoria del senador Josian Santiago, al señalar que cuenta con 25 años de servicio público, fue alcalde de Comerío y continuará sus funciones legislativas, así como su rol dentro de la estructura organizativa del partido.
La renuncia se produce en medio del debate público sobre el uso de familiares en oficinas legislativas y los criterios éticos aplicables a los cuerpos legislativos del país.
Surgen reparos en el Senado a medida de administración para autorizar vehículos todo terreno en vías públicas
La Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado evaluó el martes el Proyecto del Senado 916, medida de administración que propone establecer un sistema uniforme de registro digital y autorizar, bajo condiciones de seguridad, la circulación limitada de vehículos todo terreno, vehículos de baja velocidad y carritos de golf en vías públicas de Puerto Rico.
Durante la vista pública, el presidente de la comisión, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, expresó preocupaciones sobre disposiciones del proyecto que permitirían que menores de 16 años puedan ser legalmente dueños de motoras y vehículos todo terreno, al señalar la necesidad de examinar con mayor rigor los aspectos de seguridad y responsabilidad legal asociados a ese lenguaje.
“Nuestro compromiso es legislar con datos, peritaje técnico y apertura al diálogo, para lograr un balance entre el uso de estos vehículos y la protección de la vida y el orden vial”, dijo Sánchez Álvarez.
La Policía de Puerto Rico respaldó la necesidad de un marco regulatorio, pero recomendó que la circulación de vehículos todo terreno se limite estrictamente a vías secundarias, terciarias y caminos vecinales, excluyendo autopistas y expresos. Además, planteó la importancia de establecer requisitos claros de licenciamiento, tablillas especiales, fiscalización efectiva y sanciones disuasivas para proteger la seguridad vial y el orden público.
La Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles expresó que la autorización de nuevas categorías de vehículos en las vías públicas tendría un impacto directo en el sistema de compensaciones, por lo que sostuvo que cualquier esquema de circulación debe estar acompañado de un registro formal, requisitos de licenciamiento y una cubierta de seguro adecuada. La agencia recomendó primas diferenciadas y enmiendas legales para proteger la autosuficiencia financiera del sistema.
La Oficina del Comisionado de Seguros favoreció el proyecto, con señalamientos dirigidos a la necesidad de clarificar los requisitos de seguro aplicables a estos vehículos e integrar cubiertas de responsabilidad pública y seguro obligatorio como parte del proceso de autorización y registro.
El Departamento de Transportación y Obras Públicas respaldó la medida como una herramienta para atender la proliferación de estos vehículos en las vías públicas, al subrayar la importancia de la integración tecnológica entre agencias para fortalecer la fiscalización, la trazabilidad de los vehículos y el cumplimiento contributivo.
La Comisión para la Seguridad en el Tránsito sostuvo que el proyecto atiende una problemática persistente de seguridad vial y destacó la necesidad de incorporar requisitos de seguridad personal, campañas educativas y mecanismos de fiscalización dirigidos a reducir accidentes, lesiones graves y muertes.
Por su parte, organizaciones especializadas en motoras favorecieron la modernización del marco regulatorio y el sistema de registro digital, pero manifestaron su oposición a autorizar la circulación de estos vehículos y carritos de golf en autopistas y expresos. Además, advirtieron que el uso del término “Street-Legal” requiere mayor precisión, al señalar que la instalación de equipos o modificaciones no convierte automáticamente a un vehículo todo terreno en apto para transitar por vías públicas conforme a las especificaciones del fabricante.
Sánchez Álvarez informó que la comisión celebrará una segunda vista pública el próximo 10 de febrero, en la que comparecerán otras agencias gubernamentales y manufactureros, como parte del análisis integral de la medida.