La política migratoria de Estados Unidos, tal como ha sido ejecutada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) bajo la administración Trump, ha cruzado una línea moral peligrosa. No se trata de un debate técnico sobre cumplimiento de la ley, ni de una discusión razonable sobre fronteras y procesos. Lo que estamos presenciando es un proceder inhumano que normaliza el abuso, la intimidación y la deshumanización de comunidades enteras en nombre de una supuesta legalidad.
Redadas indiscriminadas, separaciones familiares, detenciones sin debido proceso y un discurso oficial que reduce a seres humanos a números o amenazas abstractas no son simples excesos administrativos. Son señales de una cultura institucional que ha perdido el norte ético. Y es precisamente ahí donde los paralelismos históricos se vuelven incómodos pero necesarios.
La historia nos enseña que los atropellos no suelen comenzar con horrores masivos, sino con prácticas que se justifican como excepcionales, temporales o necesarias. El proceder de ICE bajo esta administración evoca, por su lógica y métodos, la gesta de la Gestapo bajo Adolfo Hitler: una policía política que, amparada en la ley y el miedo, ejecutó una agenda que nada tenía que ver con justicia y todo con control, persecución y silenciamiento. No se trata de equiparar contextos, sino de advertir patrones: la normalización del abuso, la obediencia ciega y la deshumanización del “otro”.
Ante esto, la ciudadanía no puede permanecer indiferente. El silencio —cómodo, prudente o calculado— es el mejor aliado de la injusticia. La historia europea del siglo 20 ofrece una lección dolorosa sobre el costo de mirar hacia otro lado. Como recordatorio imprescindible, conviene traer a colación las palabras que han atravesado generaciones, como la famosa frase que forma parte del poema del pastor luterano alemán Martin Niemöller (1892–1984), que reflexiona sobre la cobardía e inacción de los intelectuales alemanes ante el nazismo. La cita más conocida comienza: “Primero vinieron por los socialistas, y yo no dije nada, porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, y yo no dije nada, porque yo no era judío. Luego vinieron por mí, y ya no quedaba nadie que hablara por mí”.
Ese poema no es una reliquia literaria; es una advertencia vigente. Y hoy la advertencia ya no es abstracta ni hipotética: tiene rostros, cargos públicos y consecuencias reales. La administración Trump ha pasado de perseguir inmigrantes a hostigar, castigar y desacreditar a cualquiera que ose interponerse entre el Ejecutivo y su agenda, aun cuando esa resistencia emane del ejercicio legítimo del poder constitucional.
La arremetida contra funcionarios electos del Partido Demócrata es frontal y sistemática. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha sido blanco de ataques directos por denunciar los excesos de ICE y exigir respeto al debido proceso. Su “pecado” no ha sido otro que cumplir con su deber como jefe de un estado y como servidor público: levantar la voz frente a actuaciones federales que violentan derechos fundamentales.
Pero esta ofensiva no distingue afiliación partidista cuando lo que está en juego es la lealtad personal al presidente. Funcionarios republicanos que se han apartado un milímetro del libreto trumpista también han sido vilipendiados. Basta recordar los ataques contra la excongresista Liz Cheney y el excongresista Adam Kinzinger por denunciar los abusos de poder y la degradación institucional; contra el senador Mitt Romney por insistir en que nadie está por encima de la ley; contra el gobernador de Georgia, Brian Kemp, y el secretario de Estado Brad Raffensperger por negarse a torcer procesos legales; o incluso contra el propio vicepresidente Mike Pence por no prestarse a violar la Constitución. El mensaje es inequívoco: discrepar equivale a traición.
El mismo patrón autoritario se refleja en la relación del Ejecutivo con el poder judicial. Jueces federales que han ordenado a ICE detener actuaciones ilegales, respetar el debido proceso y ajustarse a la Constitución han sido atacados como “activistas”, “enemigos” o usurpadores. Esa retórica no es casual. Es un ataque directo al principio de separación de poderes, piedra angular del sistema constitucional estadounidense, diseñado precisamente para frenar el abuso del poder ejecutivo.
La Primera Enmienda tampoco ha sido inmune. Periodistas que han investigado y expuesto las prácticas abusivas de ICE —redadas diseñadas para infundir terror, detenciones arbitrarias, violaciones al derecho a solicitar asilo— han sido estigmatizados como “enemigos del pueblo”. Cuando el gobierno intimida a la prensa y desacredita la fiscalización pública, no estamos ante un exceso retórico, sino ante una amenaza directa a la libertad de expresión y al derecho de la ciudadanía a estar informada.
Y todo ello ocurre mientras el debido proceso, garantizado por la Quinta Enmienda, es tratado como un estorbo. Detenciones sin vistas adecuadas, separaciones familiares sin mecanismos efectivos de revisión y la presunción tácita de culpabilidad por estatus migratorio revelan que el objetivo no es hacer cumplir la ley, sino quebrar voluntades mediante el miedo.
Por eso, cuando hoy “vienen” por los inmigrantes indocumentados, ya sabemos que el alcance es mucho mayor. Vienen por gobernadores que cuestionan, por jueces que ponen límites, por periodistas que investigan y por funcionarios —demócratas o republicanos— que se niegan a arrodillarse. Pensar que la arbitrariedad se autolimita es una fantasía peligrosa.
Es deber ciudadano alzar la voz con claridad y sin ambigüedades. No hacerlo es repetir el error histórico del silencio cómplice. Defender políticas migratorias humanas y constitucionales no es radicalismo; es fidelidad al Estado de derecho. La verdadera amenaza al orden legal no proviene de quienes denuncian abusos, sino de un Ejecutivo que utiliza el poder del Estado para castigar la disidencia y promover los intereses personales de Donald Trump y su círculo.
La pregunta final es incómoda pero ineludible: ¿vamos a esperar a que ya no quede nadie que pueda hablar? La historia ya nos enseñó a dónde conduce ese camino. Esta vez, no hay excusa para decir que no lo sabíamos.