El Gobierno de Puerto Rico rechazó este jueves la interpretación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre la reforma contributiva impulsada por la gobernadora Jenniffer González Colón, al sostener que la medida es fiscalmente neutral y responde al compromiso de aliviar la carga contributiva de la clase trabajadora.
El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, afirmó desde La Fortaleza que en su comunicación la Junta “reconoce la pesada carga contributiva que tiene nuestra clase trabajadora y valida el tipo de medida de alivio contributivo que la Gobernadora radicó en el día de hoy”, al tiempo que subrayó que el compromiso de la administración es cumplir con la ciudadanía mediante la aprobación de una reforma contributiva.
Peña Payano sostuvo que la reducción del gasto gubernamental, el aumento en ingresos y la eliminación de exenciones permitirán que la reforma presentada sea fiscalmente neutral, y expresó desacuerdo con la lectura de la Junta, al señalar que históricamente se ha negado a reconocer que los ingresos y el control del gasto han sido mayores a los estimados.
El funcionario indicó que la comunicación de la JSF tomó por sorpresa al Ejecutivo, ya que, según dijo, la Junta no había compartido previamente sus preocupaciones ni los datos utilizados para llegar a sus conclusiones, lo que impidió recrear y comparar los estimados de ambas partes. En ese contexto, confirmó que la administración de González Colón mantendrá el diálogo con la Junta para lograr el alivio contributivo que, afirmó, “la clase trabajadora en la Isla se merece”.
La reacción del Ejecutivo se produjo luego de que la Junta de Supervisión Fiscal concluyera que la reforma contributiva propuesta por la gobernadora y actualmente evaluada por la Legislatura viola disposiciones de la ley federal PROMESA, al reducir ingresos recurrentes sin identificar mecanismos permanentes que compensen el impacto fiscal. La determinación quedó plasmada en una carta enviada el viernes a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes.
El pronunciamiento respondió a una solicitud formal de revisión preliminar presentada por ambos líderes legislativos, relacionada con la propuesta para reducir de forma permanente las tasas del impuesto sobre ingresos individuales, radicada como el Proyecto del Senado 912 y el Proyecto de la Cámara 1014, conocidos en conjunto como la reforma contributiva.
La comunicación de la Junta coincidió con el día en que la gobernadora remitió a la Legislatura un proyecto de ley adicional para que la clase trabajadora reciba un cheque de alivio contributivo durante este ciclo fiscal, mientras continúan los trabajos legislativos sobre la reforma estructural.
En su evaluación, la JSF reconoció la intención de aliviar la carga contributiva, pero sostuvo que la medida, según redactada, no constituye una reforma integral ni sostenible a largo plazo y no cumple con los parámetros fiscales vigentes. La Junta advirtió que aprobar legislación ad hoc sin planificación financiera de largo plazo enviaría una señal de retorno a prácticas fallidas del pasado.
De acuerdo con el análisis fiscal incluido en la carta, la reforma provocaría una reducción neta estimada de $370 millones en recaudos para el año fiscal 2026, resultado de $563 millones en reducciones contributivas frente a $193 millones en ingresos compensatorios preliminares.
La Junta recalcó que PROMESA y el Plan Fiscal certificado exigen que cualquier reducción contributiva sea neutral en ingresos o fiscalmente responsable en el largo plazo, con medidas recurrentes equivalentes que sustituyan la pérdida de recaudos.
Desde la oposición, el secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Manuel Calderón Cerame, calificó la determinación de la Junta como otra promesa incumplida y un reflejo de la improvisación del gobierno del PNP, y afirmó que el PPD y su liderato legislativo están disponibles para aportar a una discusión contributiva “seria y con datos creíbles”, al tiempo que reclamó una reducción responsable del costo de vida para la ciudadanía.