La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) concluyó que la reforma contributiva propuesta por la gobernadora, Jenniffer González Colón, y que actualmente evalúa la legislatura, viola disposiciones de la ley federal PROMESA, al reducir ingresos recurrentes sin identificar mecanismos permanentes que compensen el impacto fiscal, según una carta enviada el viernes a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes.
El pronunciamiento surgió tras una solicitud formal de revisión preliminar hecha por ambos presidentes, relacionada con la propuesta de la gobernadora para reducir permanentemente las tasas del impuesto sobre ingresos individuales, radicada como el Proyecto del Senado 912 y el Proyecto de la Cámara 1014, mejor conocido como la reforma contributiva.
En su evaluación, la Junta reconoció la intención de aliviar la carga contributiva de los contribuyentes, pero sostuvo que la medida, según redactada, no constituye una reforma integral ni sostenible a largo plazo, ni cumple con los parámetros fiscales vigentes.
“La aprobación de legislación ad hoc sin consideraciones de planificación financiera a largo plazo enviaría una señal de retorno a prácticas fallidas del pasado”, advirtió la Junta en la carta.
De acuerdo con el análisis fiscal incluido en el documento, la reforma contributiva provocaría una reducción neta estimada de $370 millones en recaudos para el año fiscal 2026, producto de un impacto total de $563 millones en reducciones contributivas frente a ingresos compensatorios preliminares estimados en $193 millones.
La Junta subrayó que PROMESA y el Plan Fiscal certificado exigen que cualquier reducción contributiva sea neutral en ingresos o fiscalmente responsable en el largo plazo, lo que implica identificar medidas recurrentes equivalentes para sustituir la pérdida de recaudos.
“El Plan Fiscal exige que cualquier reforma fiscal o iniciativa de ley tributaria que el gobierno emprenda o implemente sea neutral en materia de ingresos o, de lo contrario, fiscalmente responsable a largo plazo. En concreto, el Plan Fiscal establece que «todas las reducciones de impuestos deben ir acompañadas de medidas específicas de compensación de ingresos… de al menos el mismo importe o mediante reducciones compensatorias del gasto público identificadas en la legislación aplicable”, indicó la JSF.
Además, la Junta advirtió que la aprobación de la medida podría activar una violación adicional de PROMESA, al crear una deficiencia presupuestaria que requeriría una reprogramación de fondos no certificada previamente por el ente fiscal.
Según el documento, la reforma “crearía una deficiencia de ingresos que probablemente requeriría una reprogramación presupuestaria”, lo que está prohibido bajo la Sección 204(c) de PROMESA sin la evaluación y certificación previa de la Junta.
La JSF también señaló que la propuesta contributiva debe evaluarse dentro del contexto más amplio de otras medidas fiscales aprobadas o en discusión, que en conjunto podrían representar un impacto agregado de aproximadamente $340 millones en recaudos entre los años fiscales 2026 y 2028.
“Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal, al considerarlas en conjunto y utilizando estimaciones multianuales comparables, se proyecta que estas medidas fiscales promulgadas y pendientes generen un impacto agregado en los ingresos de aproximadamente $340 millones durante el período fiscal 2026-2028 para el Estado Libre Asociado y los municipios”, pronunció el ente fiscal.
Aunque rechazó respaldar la reforma contributiva según presentada, la Junta reconoció que aún existe espacio para otorgar alivio contributivo de forma no recurrente, como un incentivo reintegrable, siempre que sea consistente con los recursos disponibles y no comprometa la estabilidad fiscal.
“(…) Una posible fuente de asistencia para los contribuyentes individuales podría ser un incentivo o reembolso no recurrente y reembolsable por un monto consistente con los cambios en las tasas, compensado por la eliminación del descuento a los contribuyentes, que se distribuiría entre el grupo de contribuyentes individuales que se habría beneficiado de la propuesta de los Proyectos de Ley”, planteó la Junta.
La Junta dejó claro que se reserva el derecho de intentar impedir la implementación de la medida si la legislatura procede con su aprobación en violación de PROMESA.
“Tenga en cuenta que la Junta de Supervisión Fiscal se reserva el derecho de tomar las medidas que considere necesarias, de conformidad con los artículos 104(k), 108(a) y 204 de PROMESA, incluyendo la búsqueda de recursos para impedir la implementación y el cumplimiento de los proyectos de ley. Esperamos que dicha acción no sea necesaria”, añadió el ente.