La decisión de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de denegar el ajuste por inflación al crédito por trabajo para el año contributivo 2025 tendrá un impacto directo en los niveles de pobreza en Puerto Rico, al limitar la capacidad de miles de contribuyentes de bajos y medianos ingresos para superar el umbral de pobreza federal, según un análisis divulgado el martes por la organización Espacios Abiertos (ea).
De acuerdo con el análisis, basado en datos del Departamento de Hacienda, la ausencia del ajuste por inflación provocará que aproximadamente 7,475 personas adicionales permanezcan bajo el nivel de pobreza en 2025, en comparación con el escenario en el que sí se hubiese aprobado el ajuste correspondiente al aumento en el costo de vida.
Durante el año contributivo 2024, el crédito por trabajo benefició a una amplia proporción de los hogares en Puerto Rico, convirtiéndose en uno de los principales mecanismos de alivio contributivo para familias trabajadoras. Según los datos analizados por Espacios Abiertos, seis de cada diez hogares que radicaron planilla recibieron este crédito, con un promedio cercano a los $2,000 por familia.
“En Puerto Rico, el crédito por trabajo tiene un alcance amplio y un efecto tangible en los ingresos de los hogares. Durante el año contributivo 2024, el crédito por trabajo benefició a 734,619 familias o 6 de cada 10 hogares que radicaron planilla, con un crédito promedio de $1,974 por familia”, explicó Daniel Santamaría Ots, codirector ejecutivo de Espacios Abiertos.
La JSF comunicó formalmente su negativa al ajuste mediante una carta dirigida al secretario del Departamento de Hacienda el 29 de octubre de 2025. En la misiva, la Junta citó la sección 204(b)(4) de la Ley PROMESA y sostuvo que el ajuste no es consistente con el plan fiscal ni con el presupuesto propuesto para el año fiscal 2026, al implicar una inversión adicional estimada en $72 millones.
Según el análisis de Espacios Abiertos, la congelación del crédito por trabajo afecta de forma desproporcionada a los hogares con dependientes y a los contribuyentes individuales, sectores que cuentan con menos capacidad para absorber los aumentos en el costo de vida. En particular, la mayoría de las personas impactadas pertenece a familias con uno o dos dependientes, así como a trabajadores individuales dentro de los rangos salariales más bajos.
“La mayoría de las personas afectadas provienen de familias con uno o dos dependientes, y la erosión del beneficio limita el alcance del crédito como herramienta para combatir la pobreza laboral”, añadió Santamaría Ots.
Más allá del efecto inmediato sobre los ingresos de los hogares, Espacios Abiertos advirtió que la decisión podría tener repercusiones en la participación laboral y en la economía local, al reducir los incentivos para el trabajo formal en un contexto en el que muchas pequeñas y medianas empresas ya enfrentan dificultades para reclutar empleados.
Ante este escenario, la organización recomendó a la JSF reconsiderar su postura e incorporar el ajuste por inflación del crédito por trabajo como un componente recurrente del plan fiscal y del presupuesto, evaluando no solo su costo bruto, sino su impacto neto en la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de la base contributiva del país.