Las decisiones judiciales en casos criminales no solo resuelven controversias individuales; también envían mensajes al país. La reciente absolución del acusado por la muerte de su vecino reabre una discusión necesaria: qué es y qué no es la legítima defensa en Puerto Rico, y cómo el derecho penal enfrenta los conflictos privados que escalan hasta consecuencias irreversibles.
La legítima defensa no es un permiso para tomar justicia por cuenta propia. Es una eximente estricta, delimitada por el Código Penal y jurisprudencia consistente. Su función es proteger a quien, sin haber provocado una situación violenta, se ve obligado a repeler un peligro real e inminente para proteger vida o propiedad suya o de terceros.
Para que proceda, todos sus requisitos deben concurrir simultáneamente. Debe existir un peligro real o una creencia razonable de peligro inminente, evaluada objetivamente. El uso de la fuerza debe ser necesario, la respuesta proporcional, debe haber ausencia de provocación, y la defensa cesa cuando cesa el peligro. Estos requisitos no son tecnicismos: son la línea que separa la protección legítima de la vida de la normalización de la violencia privada.
Desde ese marco jurídico, y con el mayor respeto al foro judicial, es válido hacer una reflexión crítica. El tribunal evaluó la prueba, adjudicó credibilidad y aplicó el derecho conforme a su criterio. Esa función merece respeto institucional. Sin embargo, el análisis jurídico también permite expresar una opinión fundada.
Más allá del análisis jurídico puntual, el verdadero desafío que plantea esta decisión es social y colectivo. No podemos permitir que el resultado de un caso específico se interprete como una validación de la violencia y mucho menos como una autorización implícita para responder a palabras, provocaciones o incluso a piedras con disparos. Ese sería un mensaje peligroso y profundamente equivocado. El derecho a la legítima defensa no existe para escalar conflictos, sino para evitar una pérdida mayor cuando no hay alternativas reales. El mensaje correcto debe ser otro: los conflictos se enfrentan con diálogo, con autocontrol y con los mecanismos institucionales disponibles, incluyendo la intervención policial y judicial. Combatir la violencia exige responsabilidad colectiva, madurez cívica y un compromiso claro con la vida como valor supremo. Respetar los fallos judiciales, sobretodo cuando se opina distinto, no implica renunciar a promover una cultura donde la violencia nunca sea la respuesta aceptable ante el conflicto.