El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico expresó el jueves su rechazo a la conversión en ley del Proyecto del Senado 923, que enmienda el Código Penal para definir como “ser humano” al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del ámbito penal.
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La medida fue firmada esta semana por la gobernadora Jenniffer González Colón y se convirtió en la Ley 18-2026, con el propósito de enmendar el Artículo 92 del Código Penal para armonizarlo con la Ley 166-2025, conocida como la Ley Keyshla Madlane.
En una declaración institucional, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico manifestó “firme rechazo” a la nueva legislación y expresó preocupación por la firma de la medida.
“Nuestra institución expresa una profunda preocupación ante la decisión de la Gobernadora de estampar su firma en un estatuto que ella misma calificó previamente como innecesario, reconociendo correctamente que la Ley Keyshla Madlane ya cubría el marco jurídico pretendido”, sostuvo el organismo.
El Colegio planteó que la legislación introduce falta de coherencia normativa al establecer definiciones que, a su juicio, no distinguen adecuadamente entre escenarios médicos, jurídicos y constitucionales.
“Al proceder con esta firma, se ignora la advertencia del Colegio sobre la falta de coherencia normativa que este lenguaje introduce al establecer definiciones absolutas que no distinguen adecuadamente entre escenarios médicos, jurídicos y constitucionales”, expresó.
La entidad añadió que el impacto real de la medida “no es claro”, pero señaló que sí lo es el contexto político en que se aprobó.
“El impacto real de esta medida no es claro, pero sí lo es el contexto político en el que se promueve, marcado por una agenda que ha evidenciado un patrón consistente de reducción de derechos”, indicó.
El Colegio sostuvo además que la legislación podría propiciar un escenario de medicina defensiva que afecte la atención de mujeres y personas gestantes.
“Como hemos sostenido, el impacto de esta legislación fomenta una medicina defensiva que podría obstaculizar la atención oportuna de mujeres y personas gestantes, afectando la salud pública. Reiteramos que los enfoques punitivos no han demostrado ser efectivos y que este tipo de legislación, aprobado sin una discusión democrática ni vistas públicas, lacera la seguridad jurídica del país”, concluyó la organización, que adelantó que se mantendrá vigilante ante la aplicación de la ley.
Por su parte, la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico, expresó:
“Ante la firma plasmada por la gobernadora en el Proyecto del Senado 923, convirtiéndolo en ley, es importante reiterar que el aborto es legal en Puerto Rico, un derecho que no debería verse afectado. Sin embargo, el hecho de no haber permitido una discusión amplia del proyecto, sobre todo tratándose de una enmienda al Código Penal -que conlleva las sanciones más severas- es en sí misma una violación del proceso de participación ciudadana y de la sana gestión legislativa. No existe duda de que la medida no tuvo el análisis adecuado antes de su aprobación y deja un espacio de ambigüedad inaceptable para los derechos civiles. Lo que procede, ahora, es velar y documentar su aplicación e impacto.
Con esta acción, la gobernadora valida –una vez más- el proceder antidemocrático del liderato legislativo actual, que aprobó de forma expedita la medida sin vistas públicas, un proceder que no permitió escuchar y analizar las posturas de grupos y personas potencialmente impactadas. El liderato legislativo no cumplió con esa responsabilidad que tiene con el pueblo y la gobernadora tampoco”.