Un sistema electoral no es simplemente un mecanismo para contar votos; es la columna vertebral de la democracia. De su fortaleza depende la confianza pública, la estabilidad institucional y la legitimidad del gobierno. Cuando el proceso es justo, equitativo y transparente, el pueblo confía. Cuando se debilita, la democracia comienza a resquebrajarse.
La piedra angular de cualquier sistema electoral serio es la igualdad ante la ley. Todos los partidos, candidatos y electores deben competir bajo las mismas reglas. Sin privilegios. Sin estructuras diseñadas para favorecer a unos sobre otros. La equidad no es un gesto político; es un mandato constitucional.
En Puerto Rico, este principio no es abstracto. Tiene fundamento jurisprudencial claro. El Tribunal Supremo lo dejó establecido de forma categórica en el caso Partido de Renovación Puertorriqueña (PRP) v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En aquella controversia, bajo la Ley Electoral de 1983, el PRP reclamó su derecho a designar representantes en las Juntas de Inscripción Permanentes con los mismos derechos que los partidos principales.
El Estado había creado una distinción entre partidos “principales” y otros partidos debidamente inscritos, otorgando representación plena solo a los primeros. El Supremo examinó el asunto bajo el Artículo II, Sección 1 de la Constitución de Puerto Rico, que consagra la igual protección de las leyes. Y fue contundente:“La igualdad es ingrediente medular del ideal de justicia”.
Esa expresión no fue retórica; fue determinante. El Tribunal resolvió que negar representación a un partido debidamente inscrito constituía una violación al principio de igualdad y que la estructura electoral no puede discriminar injustificadamente en los mecanismos de fiscalización del voto.
Ese precedente sigue vigente. Y es precisamente bajo ese marco que hoy levantamos nuestra voz. Las enmiendas al Código Electoral de 2020 han generado, a nuestro juicio, una desigualdad en la representación dentro de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Cuando se limita la participación equitativa de partidos debidamente inscritos en los procesos de fiscalización, no solo se afecta a una colectividad política; se afecta la pureza del sufragio.
La democracia no puede construirse sobre estructuras que favorezcan a los partidos tradicionales mientras restringen la representación de partidos emergentes. El Estado no tiene autoridad para diseñar reglas que alteren el balance de fiscalización electoral en detrimento de la igualdad.
Por eso exigimos, a los presidentes legislativos, que atiendan con urgencia el Proyecto de la Cámara 1071, presentado por la representante Lisie Burgos Muñiz, el cual propone restablecer la igualdad en la representatividad en la CEE entre todos los partidos debidamente inscritos, tal como históricamente ha sido reconocido en nuestro sistema democrático.
Pero la discusión va más allá de la representación. También debemos fortalecer los controles electorales con consenso y rigor institucional.
Nos unimos al reclamo de reconocidos juristas para convocar a los presidentes de los partidos políticos y alcanzar acuerdos amplios sobre las normas electorales, como ocurrió en la década de 1980. Las reglas del juego democrático no deben cambiarse unilateralmente.
Proponemos, además, lo siguiente:
- Establecer voto temprano bajo parámetros estrictos de pureza electoral.
- Restringir el voto por correo a circunstancias verdaderamente excepcionales y con controles rigurosos.
- Penalizar la manipulación o intervención indebida en papeletas enviadas por correo.
- Garantizar estabilidad en el padrón electoral.
- Asegurar que la presidencia de la CEE cuente con respaldo multipartita.
- Respetar la intención del elector conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
- Restablecer con claridad la definición de partido de mayoría según la Constitución.
La democracia no se fortalece flexibilizando controles ni debilitando la fiscalización. Se fortalece asegurando igualdad, transparencia y reglas claras para todos.
Un sistema electoral fuerte no teme la supervisión; la promueve. No privilegia; equilibra. No improvisa; garantiza.
Cuando el voto es puro, la democracia es legítima. Y cuando la democracia es legítima, el pueblo confía.
Porque sin igualdad electoral, no hay justicia democrática. Y sin justicia democrática, la confianza pública se desvanece.