La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico radicó este lunes una nueva petición urgente de Habeas Corpus ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, en representación de Perfecto Paula, un ciudadano dominicano detenido por agencias federales desde el 14 de febrero de 2026 en Puerto Rico, pese a contar con un proceso migratorio avanzado y aprobado y fuertes vínculos familiares en el archipiélago.
En su solicitud al Tribunal Federal, la organización pide que se asuma jurisdicción sobre el caso, que se emita una orden de restricción temporera que prohíba el traslado de Paula fuera del Distrito de Puerto Rico mientras se atiende la petición, y que se conceda el habeas corpus para ordenar su liberación inmediata o, en la alternativa, su liberación bajo fianza. En la misma dirección, la ACLU pide que se proteja a todas las personas inmigrantes que se encuentran bajo estas mismas condiciones.
“Vamos a continuar exigiendo que el Estado no utilice la privación de libertad como castigo o como mecanismo de presión contra personas inmigrantes que no representan un riesgo para nadie y que solo buscan seguridad y un mejor porvenir para ellos y sus familias. En este caso, la detención de Paula no responde a un fin legítimo del gobierno y su posible traslado fuera de Puerto Rico agravaría aún más la violación de derechos”, señaló el licenciado Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico.
Según el recurso judicial, el inmigrante fue detenido el 14 de febrero en Puerto Nuevo en San Juan, mientras se encontraba estacionado en su vehículo, y posteriormente trasladado a la instalación conocida como GSA en Guaynabo, donde permanece bajo custodia federal.
La petición sostiene que su detención carece de una base legal válida, viola garantías constitucionales de debido proceso y ocurre en un contexto en el que existe una amenaza inminente de traslado al territorio continental de Estados Unidos, lo que limitaría su acceso efectivo a representación legal y a su familia.
La organización explicó que el hombre está casado con una ciudadana estadounidense y es padre de una menor ciudadana estadounidense. El recurso indica, además, que ha vivido de forma continua en Estados Unidos desde el año 2000 y que su caso migratorio incluye una Petición de Familiar Extranjero (I‑130) aprobada y una dispensa provisional por presencia ilegal (I‑601A) aprobada, pasos que reflejan cumplimiento con los mecanismos establecidos por ley y que requieren el pago de aranceles al propio gobierno federal.
De igual modo, advirtió que el traslado de personas detenidas desde Puerto Rico hacia centros en Estados Unidos donde se han documentado condiciones infrahumanas de confinamiento puede traducirse en daños irreparables. La petición presentada ante el tribunal también describe preocupaciones sobre barreras de acceso a representación legal y la falta de garantías procesales suficientes para impugnar la privación de libertad.
Junto a la ACLU, forman parte de este recurso la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y la Clínica de Inmigración de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Las entidades reiteraron que continuarán utilizando todas las herramientas legales disponibles para frenar detenciones ilegales, exigir transparencia y asegurar que las garantías constitucionales aplican plenamente a toda persona bajo custodia del gobierno, independientemente de su estatus migratorio.
Además del caso de Paula, desde finales de diciembre de 2025 la ACLU de Puerto Rico ha hecho otras cinco peticiones urgentes de Habeas Corpus. En tres de esos casos, las personas inmigrantes Martín Medina de la Cruz, Diógenes Fermín Fernández y Teófilo Ávila ya se encuentran en libertad bajo fianza y reunidos con sus respectivas familias. Mientras, Joan Alberto Zorrilla Lora continúa detenido.
En dos de estos casos, jueces de inmigración han impuesto fianzas excesivas, un patrón que persigue igualmente violentar los derechos de las personas inmigrantes, burlando las órdenes judiciales que se han emitido en estos casos.
Por otro lado, la ACLU de Puerto Rico calificó como errónea y contraria a derecho la determinación de un juez de inmigración de Florida, quien denegó el jueves pasado la libertad bajo fianza para el inmigrante haitiano Albeto Pierre, luego de que un juez federal del Distrito Medio de Florida emitiera una orden de habeas corpus y sentencia en beneficio del peticionario.
Estos arrestos ocurrieron bajo circunstancias que levantan serios señalamientos de perfilamiento racial y reflejan violaciones graves al debido proceso, además de otras posibles violaciones de ley que no se pueden normalizar, subrayó la ACLU de Puerto Rico.