La familia del fenecido biólogo, Roberto Antonio Viqueira Ríos, confirmó que tendrá una reunión con el jefe de los fiscales y personal del Departamento de Justicia, con el fin de analizar alternativas legales ante la determinación del tribunal en el caso contra Eduardo Meléndez Velázquez.
Según confirmó la familia en conferencia de prensa, la reunión se llevará a cabo el miércoles 18 de febrero de 2026.
La familia Viqueira Vicente exigió que se evalúe la gestión del juez Ángel Llavona tras el fallo absolutorio que dejó en libertad a Meléndez Velázquez.
“Queda al descubierto que su nombramiento careció de méritos como jurista”, afirmó la familia en conferencia de prensa e hizo un llamado para que todos los casos atendidos por el juez sean revisados.
“Este reclamo nace porque hay un asesino en la calle que pone en riesgo a un pueblo. Todo el país vio cómo se ejecutó a un padre de familia en su hogar y este juez lo absolvió de todos los cargos”, indicaron en una comunicación escrita.
El juicio, celebrado entre 2025 y 2026, fue descrito por la familia como un proceso “viciado, revictimizante y arbitrario”. El Ministerio Público presentó cargos por asesinato en primer grado, una tipificación que implica premeditación, deliberación y malicia, presentando evidencia que, a juicio de los familiares, “incriminaba claramente” al acusado.
Sin embargo, el juez Ángel Llavona determinó absolver a Eduardo Meléndez Velázquez de los cuatro cargos en su contra. La familia enfatizó que la absolución “no fue basada en la duda razonable, sino por legítima defensa”, una exculpación que califican de “totalmente absurda”.
Además, aseguraron que, desde el estrado, el juez ofreció “información falsa que no se desprende de la prueba presentada y que mancilla la reputación de Roberto Viqueira Ríos, denotando un claro prejuicio hacia la víctima y sus familiares”.
“La determinación del juez Ángel Llavona fue contraria a Derecho. La consideramos un acto tan criminal como el asesinato de Roberto”, expresa el comunicado, añadiendo que esta decisión ha agravado el dolor y el duelo de la familia, a la vez que ha generado una “legítima preocupación por la seguridad y tranquilidad del pueblo”.