La gobernadora y presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón insistió el martes que la expresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera no podía otorgar el bono a los empleados, razón por la cual fue referida a investigación.
“Todos esos referidos surgen porque el oficial pagador, en este caso la Oficina de Gerencia y Presupuesto, ve que no hay una causa legal para hacer una transferencia de esa magnitud. De hecho, ni la Junta de Supervisión Fiscal aprobó o autorizó esta bonificación. Eso es un tema que está ahora mismo en una investigación del Fiscal Especial independiente y será esa oficina quien determine si la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones actúa en derecho o actúe en contravención al derecho”, dijo González Colón en conferencia de prensa.
“Esa fue la explicación que recibimos del comisionado electoral, que yo creo que me quedó bastante claro tanto a mí como al resto de los miembros de la colectividad. Yo traje el tema para que se discutiera aquí y que todos recibiéramos la misma información. Porque yo puedo entender que la pasada presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones su abogado esté buscando argumentos de defensa, pero si la ley no te pone que tú tienes esa discreción o esa facultad, no te la puedes inventar” añadió.
Por su parte, el comisionado electoral del PNP, Aníbal Vega Borges rechazó que tanto él, como el comisionado electoral alterno, Felixavier Méndez hayan presionado a la expresidenta de la CEE para que le diera el bono a Ciary Pérez Peña, quien fungió como comisionada electoral del PNP en la pasada campaña electoral.
“Quiero indicarle que el compañero Félix, que es el comisionado alterno, había enviado un correo electrónico y él puede dar fe y puede mostrar específicamente lo que decía el correo electrónico, que era que se le estaba preguntando a la presidenta en aquel entonces de la Comisión Estatal de Elecciones, específicamente los criterios que había utilizado para repartir ese bono. Y entre ellos él envía una carta para decir por qué no se le había otorgado, no tan solamente a la comisionada electoral en aquel entonces, Ciari Pérez Peña, sino a los comisionados del Proyecto Dignidad, a los comisionados del Partido Independentista. Cuando ella termina de dar esa explicación, yo, por lo menos mi carácter personal, le pregunto a ella qué criterio estaba utilizando ella para otorgarse un bono para ella. Cuando ella me dice que ella tenía derecho a otorgarse ese bono, yo la expreso: ‘mire, presidenta, tenga precaución porque eso puede conllevar a una violación del Código de Ética, la Ley de Ética, y eso puede conllevar un referido por parte de una auditoría que se haga. Cuando sale a la luz pública específicamente todo esto, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y también la Junta de Control Fiscal indicaron que ellos no habían autorizado el desembolso de esos fondos. Y entonces la Oficina del Inspector General hace una auditoría y de ahí, de esa auditoría la refiere al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética y creo que al Contralor de Puerto Rico. Y ahí es que sucede todas estas investigaciones”, sostuvo Vega Borges.
Rechazó además que tanto él, como el comisionado electoral alterno refirieran el asunto.
“Lo que tiene que corroborar (el licenciado Yuseph Lamboy López, abogado de la jueza Padilla Rivera), si es que le radican cargos, a la pasada presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, mediante un descubrimiento de prueba, solicitar si hubo un referido por parte de los comisionados del Partido Nuevo Progresista. Y ahí le van a explicar bien claro que en ningún momento hay un referido por parte de nuestros comisionados, tanto del partido del PNP, el alterno, como de este servidor. Eso está claro”.
La gobernadora, por su parte, mencionó que el asunto salió a relucir cuando la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) evalúa el desembolso.
“La ley en Puerto Rico no dispone, no le da ninguna autoridad legal al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones para otorgar bonos o recibir bonos. Ellos no tienen esa autoridad legal. Así que la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones ‘motu proprio’ creó este bono que ella misma se adjudicó bajo unos criterios de su invención. Y cuando se otorga esto, el comisionado alterno del PNP envía una comunicación pidiendo que se clarifique bajo qué pretexto legal se están otorgando esos bonos. Como parte de eso, no se le otorgan a distintos subcomisionados electorales, no solamente del PNP, sino de otros organismos. Ante esto, la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones adjudicó que no se le iban a dar ni al PNP ni a otros comisionados electorales como del PIP o Victoria Ciudadana. Ahí quedó eso”, expresó.
“Es la Oficina de Gerencia y Presupuesto quien una vez, cuando se hacen los desembolsos, al no tener una validación en ley o en Orden Ejecutiva para poderse otorgar, hace los referidos al Departamento de Justicia y a la Oficina del Contralor y a las agencias concebidas. Ante eso, hoy hay un fiscal Especial independiente asignado a la pasada presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones por otorgar un bono sin base de ley a distintos empleados en la Comisión. Y eso es algo que discutirá el Foro del Fiscal Especial Independiente, porque ellos son los que tienen que evaluar si en efecto había o no había disposición en ley para otorgar esa discreción de recibir un bono que el Departamento de Justicia entiende que no. Pero eso no surge ni porque la pasada subsecretaria comisionada electoral lo solicitó, de hecho, no lo solicitó, o porque lo recibió, no lo recibió, o porque el comisionado electoral del PNP o el actual subcomisionado hayan amenazado a nadie”, mencionó.
El comisionado electoral alterno del PNP confirmó que recibió el bono, pero está a la espera del resultado de la investigación para devolver el pago si es necesario.