El Senado aprobó hoy un paquete de medidas de administración que establece plazos estrictos y procesos uniformes para investigar, documentar y reportar cualquier irregularidad en el manejo de fondos y propiedad pública, en un intento por reforzar la fiscalización gubernamental y la responsabilidad institucional.
Como medida principal, el Alto Cuerpo dio paso al Proyecto del Senado 438, legislación que crea la Ley de Notificaciones de Pérdidas o Irregularidades en el Manejo de Fondos y Propiedad Pública. La nueva normativa obliga a todas las agencias, corporaciones públicas y municipios a seguir un procedimiento uniforme para atender cualquier pérdida, uso indebido o irregularidad relacionada con fondos o propiedad pública.
La medida establece que, una vez una agencia detecte una irregularidad, el funcionario principal deberá ordenar una investigación administrativa en un máximo de diez días laborables. Esa investigación no podrá extenderse por más de 20 días y deberá concluir si existió negligencia, uso indebido, pérdida o apropiación ilegal de fondos. Tras completarse, la agencia tendrá un máximo de diez días laborables para notificar el caso a la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Además, cada entidad deberá designar uno o más oficiales de enlace responsables de registrar la pérdida en el sistema electrónico del Contralor, mantener un expediente completo con informes, evidencia, querellas y documentos oficiales, y asegurar el cumplimiento de los procesos establecidos. La legislación también obliga a imponer sanciones administrativas cuando la pérdida sea de hasta $5,000, y a referir al Departamento de Justicia los casos que excedan esa cantidad o incluyan posible conducta criminal. Los jefes de agencia deberán certificar anualmente, bajo juramento, que todas las pérdidas fueron reportadas.
Como parte de la agenda de administración, el Senado aprobó el Proyecto del Senado 854, que enmienda la Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno de Puerto Rico para requerir que toda agencia, corporación pública, instrumentalidad, municipio o rama de gobierno destine al menos el 5% del presupuesto de sus campañas publicitarias a la contratación de servicios de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR).
La obligación aplica a cualquier campaña permitida por ley, incluyendo anuncios televisivos, radiales, digitales, producción audiovisual, materiales impresos, campañas educativas o informativas y servicios de mercadeo o relaciones públicas. Si una agencia incumple, el equivalente al 5% deberá ser transferido al Departamento de Hacienda o a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, quienes estarán obligados a enviar esos fondos a WIPR en un máximo de 30 días. La medida busca garantizar una fuente recurrente de ingresos para la corporación pública y fortalecer su capacidad de producción y difusión de contenido educativo y cultural.
El Senado también aprobó el Proyecto del Senado 759, del senador Héctor Joaquín Sánchez, que establece que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) será la única agencia con autoridad para otorgar permisos y regular las escuelas de conducir categoría 3. El Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos mantendrá jurisdicción exclusiva sobre las escuelas que ofrecen adiestramientos para licencias de chofer y vehículos pesados.
Investigarán impacto de apagones en el sistema de acueductos
En cuanto a resoluciones investigativas, se aprobó la Resolución del Senado 435, presentada por el senador de mayoría Héctor “Gaby” González López y el senador independiente Eliezer Molina Pérez, para investigar el impacto de los apagones y fluctuaciones de energía eléctrica en el funcionamiento del sistema de acueductos y alcantarillados, así como los daños ocasionados a bombas y otros equipos esenciales.
González López señaló que la medida busca esclarecer la coordinación entre LUMA Energy y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, al indicar que “más allá de la fiscalización, quienes se ven afectados son los abonados, son los clientes y por ellos estamos aquí”, y adelantó que próximamente se celebrarán vistas públicas. Molina Pérez añadió que la investigación permitirá “tener una relación numérica con data” para evaluar el impacto real sobre la infraestructura.