La noticia sacudió a muchos esta semana: un joven reclutado para participar en un internado en la Legislatura de Puerto Rico fue arrestado por las autoridades federales mientras aún formaba parte del programa, acusado de acoso de menores. La imagen es potente y perturbadora. Un espacio que simboliza formación cívica, liderazgo y servicio público se convierte, de repente, en el telón de fondo de una acusación que revela una realidad mucho más oscura.
Más allá del morbo o la indignación inmediata, el caso nos obliga a mirar de frente un problema social que, en Puerto Rico, llevamos demasiado tiempo subestimando: el acoso y la explotación de menores, particularmente en entornos digitales.
El mito del “eso aquí no pasa”
En Puerto Rico, todavía persiste una peligrosa ilusión: que el acoso sexual de menores es algo distante, propio de otros países o de casos aislados. Nada más lejos de la verdad. Las estadísticas federales y estatales han demostrado un aumento sostenido en intervenciones relacionadas con explotación infantil en línea. Cada vez es más común que las autoridades federales, a través de investigaciones encubiertas en redes sociales y plataformas digitales, identifiquen a individuos que utilizan perfiles falsos para contactar a menores.
Lo inquietante es que muchos de estos individuos no encajan en el estereotipo del “monstruo” fácilmente identificable. Son jóvenes universitarios, profesionales, personas integradas a la comunidad. Eso es precisamente lo que hace el fenómeno tan peligroso: la normalidad aparente.
El caso del internado legislativo expone una verdad incómoda. Los procesos de reclutamiento pueden evaluar credenciales académicas y referencias, pero no siempre revelan conductas ocultas en el mundo digital. Y cuando el arresto ocurre en pleno ejercicio de una función pública o formativa, el daño institucional es profundo. No solo se afecta la reputación del programa; se erosiona la confianza en los espacios diseñados para educar y proteger.
Un problema que es de todos
Sin embargo, reducir el asunto a un fallo de ‘screening’ sería un error. El problema es más amplio y más estructural.
Puerto Rico, como muchas jurisdicciones, enfrenta retos serios en la prevención del abuso y acoso de menores. Las dinámicas familiares han cambiado, el acceso a dispositivos móviles comienza cada vez a edades más tempranas y las redes sociales se han convertido en el principal espacio de socialización de nuestros hijos. Allí es donde muchos depredadores operan.
La sociedad completa tiene una responsabilidad compartida. Las escuelas deben reforzar programas de educación sobre seguridad digital. Las instituciones públicas y privadas tienen que revisar y fortalecer sus protocolos de evaluación y supervisión. Las iglesias, clubes deportivos y organizaciones comunitarias deben adoptar políticas claras de prevención y denuncia.
Pero hay un elemento que no puede delegarse: el rol de los padres.
La supervisión no es invasión; es protección
En demasiados hogares, existe una falsa dicotomía entre “privacidad” y “protección”. Supervisar el uso de redes sociales de un menor no es violar su intimidad; es ejercer una responsabilidad indelegable.
Muchos casos de acoso comienzan con mensajes aparentemente inocentes: halagos, empatía, interés en problemas personales. El proceso de ‘grooming’ es gradual y sofisticado. El adulto construye confianza, aísla emocionalmente al menor y luego introduce contenido sexual o solicitudes indebidas.
Los padres deben conocer qué plataformas utilizan sus hijos, con quién interactúan y qué tipo de contenido consumen. Eso implica conversaciones abiertas, reglas claras y, en ocasiones, acceso directo a dispositivos. También implica educarse: entender cómo funcionan aplicaciones que cambian constantemente y que muchas veces están diseñadas para evadir la supervisión tradicional.
No se trata de criar en el miedo, sino en la conciencia.
La denuncia como acto de responsabilidad
Otro problema recurrente en nuestra cultura es el silencio. El temor al “qué dirán”, el miedo a represalias o la tendencia a minimizar señales de alerta pueden convertirse en cómplices involuntarios del abuso.
Si un adulto observa comportamientos inapropiados, mensajes sugestivos a menores, intentos de aislamiento, regalos desproporcionados, insistencia en comunicaciones privadas, tiene la obligación moral y, en muchos casos, legal, de denunciar. Las autoridades estatales y federales cuentan con mecanismos confidenciales para canalizar estas querellas.
La prevención comienza cuando dejamos de mirar hacia otro lado.
Más allá del escándalo
El arresto del participante del internado legislativo será procesado en los tribunales, como corresponde en un Estado de derecho. Allí se determinará su responsabilidad penal. Pero como sociedad, nuestro análisis no puede terminar en la sala del tribunal.
Cada caso como este es un recordatorio de que el acoso de menores no es un problema abstracto ni remoto. Ocurre en nuestras comunidades, en nuestros espacios educativos y, con demasiada frecuencia, en las pantallas que entregamos a nuestros hijos sin suficiente orientación.
Si algo positivo puede surgir de este episodio, que sea una conversación seria y sostenida sobre prevención, supervisión y denuncia. Porque proteger a nuestros menores no es tarea exclusiva del gobierno ni de las agencias federales. Es una responsabilidad colectiva.
Y cuando se trata de la seguridad de nuestros niños y niñas, la indiferencia nunca puede ser una opción.