En Puerto Rico, el crecimiento económico suele presentarse como una urgencia incuestionable. Crear empleos, atraer inversión y aumentar la actividad económica son objetivos legítimos, especialmente en un país que lleva dos décadas de estancamiento. Sin embargo, con demasiada frecuencia, las estrategias de crecimiento se diseñan sin considerar adecuadamente sus costos ambientales y sociales, sembrando problemas que terminan debilitando el desarrollo económico a largo plazo.
Ejemplos históricos ilustran esta tensión. Proyectos de gran escala como desarrollos turísticos en zonas costeras, la deforestación para construir centros comerciales o propuestas como el Proyecto Esencia reviven el debate sobre el uso del suelo, la protección de recursos naturales y la identidad del país. Estas iniciativas suelen justificarse en nombre del empleo y la inversión, pero rara vez incorporan de manera rigurosa los costos ambientales, los riesgos climáticos y las pérdidas irreversibles de capital natural.
La evidencia económica es clara: el medio ambiente no es un obstáculo al desarrollo económico, sino un insumo esencial del mismo. Los bosques, las costas, los arrecifes, los manglares, y otros ecosistemas, proveen servicios ecosistémicos fundamentales —e.g., protección contra inundaciones, marejadas y vientos, regulación climática, apoyo a la biodiversidad, agua, recreación y atractivo turístico— que sostienen sectores clave de la economía puertorriqueña. Proyectos que atentan contra los ecosistemas pueden generar ganancias inmediatas para algunos, pero produce costos difusos y persistentes para toda la sociedad.
Además, estas decisiones afectan algo menos tangible, pero igualmente importante: la identidad cultural y el sentido de pertenencia. La relación de las comunidades con su entorno natural forma parte del valor del país como destino turístico, pero también de la calidad de vida de quienes viven aquí. Cuando se pierden playas, bosques o paisajes emblemáticos, se erosiona un activo que no se puede reconstruir con inversión pública ni privada.
Este mismo patrón de corto plazo se observa en el debate contributivo actual. El Proyecto del Senado 912, que propone una reforma contributiva, incluye la eliminación de la exención del IVU a equipos solares, lo que en la práctica encarece la adopción de energía renovable por parte de hogares y empresas. Aunque la medida se presenta como una forma de aumentar recaudos, sus efectos económicos y ambientales pueden ser contraproducentes.
Eliminar la exención al IVU sobre equipos solares desincentiva la inversión en energía limpia, aumenta la dependencia de combustibles fósiles importados y eleva los costos energéticos a largo plazo. En un país con alta vulnerabilidad climática, tarifas eléctricas elevadas y una red frágil, penalizar la energía solar es una señal incoherente con cualquier estrategia seria de desarrollo económico sostenible. Más aún, esta medida afecta desproporcionadamente a familias y pequeños negocios que buscan reducir costos y aumentar resiliencia energética.
Desde una perspectiva económica, gravar tecnologías limpias puede generar recaudos hoy, pero incrementa riesgos y costos futuros: mayores daños por eventos extremos, menor competitividad, menor atractivo para inversión alineada con criterios ambientales y mayor presión fiscal para atender desastres. En otras palabras, se repite el error de sacrificar el largo plazo por alivios fiscales inmediatos.
El problema de fondo no es solo un proyecto o una medida específica, sino la ausencia de una visión integrada de desarrollo económico. El crecimiento no puede medirse únicamente en construcción, recaudos o empleos de corto plazo. Debe evaluarse también en términos de sostenibilidad, resiliencia, equidad y bienestar intergeneracional. Esto requiere integrar políticas económicas, políticas ambientales y planificación territorial, algo que históricamente ha fallado en Puerto Rico.
Puerto Rico enfrenta una decisión crucial: seguir apostando a un modelo de crecimiento que agota sus recursos naturales y profundiza vulnerabilidades, o realizar una transición hacia un crecimiento que reconozca que proteger el ambiente es proteger la economía. Los proyectos económicos y las reformas contributivas deben evaluarse no solo por lo que prometen hoy, sino por los costos que imponen mañana.
El verdadero desarrollo no es aquel que deja más cemento y menos naturaleza, ni el que recauda hoy a costa de perder resiliencia mañana. Es aquel que entiende que el capital natural, la identidad cultural y la estabilidad económica están profundamente interconectados. Ignorar esa realidad no es pragmatismo económico, es una apuesta riesgosa que Puerto Rico ya no puede darse el lujo de repetir.