Diversas agencias y organizaciones comparecieron ante la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico para fijar su postura sobre el Proyecto del Senado 969, medida que propone enmendar la Ley 85-2018 para establecer como requisito previo al nombramiento la evaluación de idoneidad psicológica y la certificación conforme a la Ley 300-1999 para personal con acceso directo a estudiantes en las escuelas públicas.
La propuesta busca reforzar las salvaguardas de seguridad dentro del sistema público de enseñanza. Sin embargo, las ponencias presentadas reflejaron matices, reservas técnicas y recomendaciones específicas antes de avalar su implementación.
Entre los deponentes estuvieron el Departamento de Educación, el Departamento de Salud de Puerto Rico, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), la Asociación de Maestros de Puerto Rico, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, la Asociación de Psicología de Puerto Rico y la Policía de Puerto Rico.
Aunque el propósito de fortalecer la seguridad escolar fue ampliamente reconocido, varias entidades plantearon la necesidad de precisar el alcance de las evaluaciones psicológicas, establecer criterios uniformes y considerar el impacto administrativo y fiscal que implicaría el nuevo requisito.
Asimismo, surgieron preocupaciones sobre la implementación práctica del proceso, la disponibilidad de profesionales cualificados para realizar las evaluaciones y el posible efecto en los tiempos de reclutamiento de personal docente y no docente.
Por su parte, la senadora Brenda Pérez Soto reiteró que el objetivo de la medida es garantizar un entorno escolar seguro y que la Comisión “analizará cuidadosamente las recomendaciones recibidas antes de emitir su informe”.