La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) concedió una nueva extensión al Gobierno de Puerto Rico para cumplir con los requisitos de la Sección 204(a) de PROMESA relacionados con la Resolución Conjunta 6-2026, que viabiliza el cheque de alivio contributivo para el año contributivo 2025.
Mediante una carta enviada el 28 de febrero al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Francisco J. Domenech Fernández, el director ejecutivo de la Junta, Robert F. Mujica Jr., informó que el nuevo término para que la gobernadora cumpla con la certificación requerida se extiende hasta el viernes, 6 de marzo.
La comunicación hace referencia a una carta anterior del 20 de febrero, en la que la Junta había extendido el plazo hasta el 27 de febrero. Sin embargo, ante el “engagement” continuo entre ambas partes sobre las salvaguardas fiscales y los requisitos de reservas necesarios para garantizar que la medida sea consistente con el Plan Fiscal certificado, el ente fiscal determinó conceder una nueva prórroga.
“La Junta continúa comprometida con el proceso colaborativo mientras trabajamos para asegurar que la JR 6-2026 sea consistente con el Plan Fiscal certificado y la estabilidad financiera a largo plazo”, indicó Mujica en la misiva.
La discusión de fondo no gira en torno a si los contribuyentes necesitan el alivio, sino al impacto que tendría el desembolso en las reservas del Gobierno y en otras obligaciones fiscales. En días recientes, Mujica ha planteado que el análisis incluye el efecto sobre el Fondo de Estabilización Presupuestaria —que no se financia desde 2008—, la creación de reservas de capital y la capacidad del Gobierno para cumplir compromisos como el pago de pensiones.
El ente fiscal ha insistido en que cualquier incentivo debe evaluarse dentro del proceso presupuestario completo, tomando en cuenta que existe una “cantidad finita de ingresos” y que el crédito contributivo se financiaría con los mismos recursos que respaldan otras prioridades.
Por su parte, el Departamento de Hacienda ha indicado previamente que, de aprobarse, el incentivo no se desembolsaría inmediatamente tras la radicación de planillas. Primero debe completarse el ciclo contributivo —que culmina el 15 de abril— para entonces determinar elegibilidad y montos. De repetirse el patrón del año pasado, los pagos podrían comenzar a verse a mediados de mayo, aunque no hay fecha oficial.
Con la nueva extensión hasta el 6 de marzo, la autorización final del cheque de alivio contributivo permanece en pausa, mientras Gobierno y Junta intentan cerrar un acuerdo que evite objeciones formales bajo la Sección 204 de PROMESA.