La Asociación de Alcaldes expresó su oposición a una medida legislativa que pretende incluir en la Ley 107-2020, conocida como el Código Municipal de Puerto Rico, la facultad de los ayuntamientos para traspasar sus servicios administrativos a modelos de alianzas público-privadas (APP) por considerar que la propuesta es redundante e inconsecuente.
“Ya los municipios, con anterioridad, están llevando a cabo contratos de Alianzas Público-Privadas”, comentó Jaime García, asesor legislativo del organismo que agrupa a los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD). “Si partimos de la premisa que ya el mismo Código provee para hacerlo, no vemos la necesidad de aclarar algo”, agregó.
La organización indicó ante la Comisión de Asuntos Municipales, presidida por el representante Luis Pérez Ortiz, que “la mayoría de los municipios” mantienen contratos de APP para los servicios de recogido de basura, arrendamiento de estacionamientos, así como el mantenimiento de áreas verdes, escuelas y vertederos.
El Proyecto de la Cámara 1006, del representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez, procura aclarar en el Código Municipal que los alcaldes están autorizados a integrar el sector privado en “áreas críticas” de su administración, como las finanzas, las obras públicas y los recursos humanos.
Según el autor, la medida busca corregir una “laguna” en los Artículos 1.008, 1.010 y 2.003 del Código Municipal, de manera que los alcaldes tengan la oportunidad de ampliar estos servicios en apoyo al funcionamiento municipal.
“Privatizar el área de informática, el área de recursos humanos, el Código Municipal así no lo establece. Esta medida lo que hace es expandir para que ustedes puedan privatizar, igual que hacen con los estacionamientos, igual que hacen con el ornato”, pronunció Navarro Suárez.
“El municipio determina si lo privatiza o no, dependiendo de su alcance económico o si tiene la infraestructura”, añadió el legislador.
Aunque el deponente dijo que la legislación está bien intencionada, reiteró que el Código Municipal ya posibilita que los gobiernos municipales establezcan, de manera voluntaria, estos acuerdos con empresas privadas.
García defendió los modelos de APP tras destacar que muchos municipios se han beneficiado de la reducción en los gastos de nómina, maquinaria, beneficios marginales, entre otros costos. Asimismo, alegó que, “a veces, la empresa privada hace un mejor servicio, y más rápido, que las entidades gubernamentales”.
Sin embargo, dijo tener preocupación con la cantidad de enmiendas que ha recibido el Código Municipal desde su entrada en vigor. “Este Código lleva cinco años y siete meses, y se ha enmendado 37 veces. No veo cuál es la necesidad de enmendarlo nuevamente para incluir algo que está”, puntualizó.
El ingeniero Josué Colón, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), coincidió en que los municipios ya están legalmente habilitados para participar en proyectos de APPs bajo el marco de la ley orgánica de la agencia (Ley 29-2009).
Colón, quien se excusó de la vista pública, advirtió en una ponencia escrita que la enmienda propuesta deberá reconocer que cualquier delegación municipal está sujeta a las disposiciones de la Ley 29 y la intervención de la APP como ente rector para garantizar uniformidad normativa.
Mientras, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), que también se ausentó de la audiencia, resaltó en un memorial explicativo que la medida carece de un análisis de impacto fiscal preparado por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), conforme la Ley 1-2023 y el Plan Fiscal certificado.
El Departamento de Justicia fue otra de las agencias que pidieron ser excusadas de la vista pública, aunque la secretaria Lourdes Gómez sometió una ponencia escrita en la que recomendó que la legislación precise el marco jurídico que será aplicable y armonice el lenguaje de las disposiciones para evitar dudas interpretativas.
El presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, representante Pérez Ortiz, informó que también citó a la Federación de Alcaldes, pero el organismo que congrega a los alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP) solicitó permiso para ausentarse.
Los representantes Pedro Santiago Guzmán y Sergio Estevés Vélez también participaron de esta audiencia pública.