La viuda del biólogo marino Roberto Antonio Viqueira Ríos, Moshayra Vicente Cruz, acudió al Tribunal de Apelaciones en Ponce mediante un recurso de certiorari en el que solicita una revisión extraordinaria de la sentencia que absolvió al enfermero Eduardo Meléndez Velázquez, al alegar que el fallo contiene un “error manifiesto de derecho”.
La acción legal surge luego de que el Departamento de Justicia optara por no apelar la determinación emitida el pasado 6 de febrero por el juez Ángel Llavona Folguera. Ante esa decisión, Vicente Cruz compareció por derecho propio como víctima indirecta del caso para solicitar la intervención del foro apelativo.
En su recurso, la peticionaria sostiene que la sentencia absolutoria presenta una contradicción jurídica al fundamentarse simultáneamente en dos doctrinas distintas del derecho penal: la legítima defensa y la duda razonable.
Según argumenta, el tribunal de primera instancia no delimitó cuál de estas doctrinas constituye la base jurídica real de la absolución, lo que —a su juicio— impide identificar con claridad el fundamento legal de la decisión.
El documento plantea que la legítima defensa es una causa de justificación que requiere un análisis específico de sus elementos, mientras que la duda razonable es un estándar probatorio que responde a una insuficiencia de evidencia para sostener culpabilidad. Mezclar ambas, según se expone, constituye una aplicación incorrecta del derecho penal sustantivo.
Asimismo, se alega que la sentencia carece de un análisis estructurado sobre los elementos que configuran la legítima defensa, como la existencia de una agresión ilegítima, la necesidad racional del medio utilizado y la ausencia de provocación. En lugar de ello, el tribunal se limitó a afirmar de forma general que se configuraban dichos elementos, sin detallar cómo la prueba presentada sustentaba esa conclusión.
La peticionaria sostiene que esta ambigüedad no es un asunto de apreciación de la prueba, sino un error de derecho en la estructura misma de la sentencia, lo que abre la puerta a revisión apelativa sin violentar principios constitucionales como la doble exposición.
Por ello, solicitó al Tribunal de Apelaciones que reconozca su legitimación activa, examine los errores señalados y revoque la sentencia absolutoria, al entender que no cumple con los requisitos mínimos de coherencia jurídica al sustentarse en premisas incompatibles.
Además, pidió que se determine si el tribunal de instancia incurrió en un error estructural al aplicar incorrectamente la doctrina de legítima defensa y utilizarla como base para generar duda razonable, sin el análisis jurídico requerido.
El recurso fue presentado el 16 de marzo de 2026 y busca que el foro apelativo intervenga para corregir lo que la peticionaria describe como una determinación jurídicamente inconsistente que afecta directamente sus derechos como víctima indirecta del delito.