El Tribunal de Apelaciones revocó una determinación del Tribunal de Primera Instancia y puso en duda la validez de la investigación del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) en el caso de corrupción que ha salpicado al exrepresentante novoprogresista Antonio “Tony” Soto Torres.
La controversia gira en torno a una pesquisa que se extendió por más de 1,100 días —muy por encima del término que dispone la ley— relacionada con el uso de fondos del Fondo de Mejoras Municipales (FMM), conocido como el “barrilito”, mecanismo que Soto utilizó para gestionar $1.2 millones destinados a la canalización de la quebrada Margarita en Guaynabo.
Según la investigación, ese dinero fue asignado a una entidad comunitaria sin experiencia en construcción y terminó presuntamente desviado a cuentas vinculadas al contratista José Miguel “Joe” Huertas Torres, mientras la obra nunca se realizó.
Aunque Soto no figura como acusado en esta etapa, sí es uno de los testigos principales del caso, junto al pastor Heriberto Andújar, de la entidad que recibió los fondos.
El eje del caso dio un giro luego de que el Tribunal de Apelaciones concluyera que la investigación del FEI pudo haberse salido del marco legal al extenderse por más de tres años mediante múltiples prórrogas, paralizaciones y ampliaciones.
“Una demora que supera los mil días es contraria a la naturaleza del trámite ágil que dispone la ley”, sostuvo el tribunal, al advertir que la “justa causa” no puede utilizarse para prolongar indefinidamente una pesquisa.
La defensa de la exdirectora de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez —también imputada en el caso— ha insistido en que el FEI actuó fuera de término y, por tanto, sin autoridad para radicar cargos.
El foro apelativo coincidió en que ese planteamiento merece ser reconsiderado, al concluir que el tribunal inferior incurrió en un “abuso de discreción”.
Aunque la decisión no desestima los cargos, sí representa un golpe significativo al caso, que forma parte de una investigación más amplia sobre el manejo de millones de dólares del llamado “barrilito”, un mecanismo que ha sido señalado por su falta de transparencia.
Actualmente, el proceso continúa en etapa preliminar, mientras el tribunal deberá evaluar si la tardanza en la investigación compromete la validez del caso y los derechos de los imputados.