Esta no será una columna para dirimir quién tiene la razón en la batalla entre la gobernadora y el presidente del Senado. Para eso habrá muchas.
Lo interesante, y lo verdaderamente revelador, es otra cosa: cómo este conflicto reitera que la política, en Puerto Rico, ya opera bajo una lógica distinta. Una lógica más cercana al contenido que a la gobernanza.
En la política, generar opinión siempre ha sido importante. De eso viven los políticos. Convencer, proyectar fuerza, construir narrativa, todo eso ha sido parte esencial del ejercicio del poder.
Pero hay un cambio sutil, y a la vez profundo. Hoy, en muchos casos, la generación de opinión no es un medio para gobernar. Se ha convertido en el fin principal. Y resolver, entonces, pasa a un segundo plano.
La controversia actual refleja precisamente eso. No solo se maneja en los espacios institucionales, sino en el terreno público inmediato: declaraciones estratégicas, videos y posts en redes sociales, mensajes diseñados para dominar el ciclo noticioso.
No es casualidad. Es incentivo. Cada intervención pública no solo busca adelantar una postura, sino provocar reacción, marcar territorio y sostener visibilidad. En ese contexto, el conflicto deja de ser un problema que hay que cerrar rápido, y se convierte en un activo que se puede administrar.
Ahí es donde cambia la lógica. Resolver puede implicar ceder, negociar, bajar el tono. Pero eso rara vez genera titulares. En cambio, sostener la confrontación prolonga la atención, moviliza apoyos y fortalece posicionamientos individuales.
El resultado es un gobierno que, en ocasiones, parece más enfocado en ganar el momento que en resolver el problema y evitar un choque frontal con consecuencias políticas y de gobierno serias.
Y eso tiene consecuencias. Las decisiones se retrasan, las posturas se endurecen y los espacios de acuerdo se reducen. Mientras tanto, el país observa como espectador de un conflicto que no necesariamente le produce resultados.
El problema no es que exista desacuerdo. El problema es cuando la prioridad deja de ser resolverlo. Porque entonces, más allá de quién tenga la razón, la pregunta importante es otra: si se gobierna o simplemente se administra el conflicto.
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