En ingeniería, existe un fenómeno peligroso llamado “fatiga de materiales”. No ocurre por un impacto súbito, sino por la repetición de pequeños eventos que debilitan la estructura hasta que esta falla por su punto más débil. Al observar las recientes enmiendas al Código Electoral defendidas por la delegación del Partido Nuevo Progresista y aprobadas por la gobernadora Jenniffer González bajo el estandarte de la “eficiencia”, conforme reportó un rotativo de la isla este mes, no puedo evitar concluir que nuestra democracia está sufriendo un proceso similar: una muerte a plazos, ejecutada mediante parchos legislativos que debilitan la confianza del pueblo en los mismos instrumentos que antes nos llenaban de orgullo, o sea, el aparato electoral.
La verdadera eficiencia en un sistema no se logra simplemente haciendo que las cosas se muevan más rápido, sino garantizando la integridad de cada paso del proceso. Sin embargo, lo que vemos es una expansión agresiva del voto adelantado por correo —reduciendo la edad mínima a 50 años— sin haber robustecido primero los protocolos de custodia. Según reportó un periódico local este mes, esta medida inyectará un volumen masivo de papeletas fuera del entorno controlado del colegio electoral. En términos de control de calidad, es como si estuviésemos aumentando la producción en una línea de manufactura que ya ha mostrado defectos críticos en los ciclos de 2020 y 2024 sin detenernos a repararla primero.
Los ingenieros evaluamos la viabilidad de un proyecto analizando, entre otras cosas, su presupuesto y capital humano. Aquí, los datos son alarmantes. Durante el ciclo electoral de 2024, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) solicitó un presupuesto de $31 millones para gastos operacionales, pero la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) solo concedió $21.8 millones, según informes de Espacios Abiertos. Para el año fiscal corriente, la brecha persiste: la CEE estimó que necesitaría sobre $10 millones adicionales solo para manejar la logística de las primarias y elecciones generales, una petición que ha sido recibida con resistencia fiscal.
La CEE ha visto una reducción drástica de sus Juntas de Inscripción Permanente (JIP), y la nueva ley pretende reabrir 40 de ellas de forma intermitente. Sin embargo, no hay personal técnico capacitado suficiente para manejar la avalancha de votos por correo que nos van a caer encima. Estimados basados en lo observado en 2024 y tendencias recientes sugieren que Puerto Rico podría recibir entre 200,000 y 300,000 solicitudes de voto adelantado por correo. Manejar este volumen requiere una logística de validación de firmas y custodia de maletines que la CEE, con su plantilla actual reducida, simplemente no puede garantizar sin comprometer la seguridad del proceso.
Analicemos dos cambios específicos del nuevo Código Electoral que actúan como puntos de falla introduciendo un riesgo intolerable:
- Reducción de la edad para voto adelantado: Al bajarla a 50 años, se masifica un método sin controles que debería ser la excepción, no la regla, saturando el sistema de validación manual.
- Facilidad en el cambio de domicilio: Las enmiendas flexibilizan los requisitos de validación de residencia, aumentando la posibilidad de tener datos no verificados en una base de datos que ya está crítica y maltrecha.
Por otro lado, mientras Puerto Rico camina hacia la flexibilización de los controles, en Estados Unidos el debate se centra en el SAVE Act (Safeguard American Voter Eligibility Act). Esta iniciativa busca asegurar la integridad del voto mediante la confirmación rigurosa de la ciudadanía y la identidad de los votantes antes de emitir su sufragio. Es un esfuerzo por fortalecer el proceso del sistema democrático. En adición, el presidente ya ha expresado que desea hacerle enmiendas a la versión del SAVE Act que ya fue aprobado en la Cámara de Representantes federal para explícitamente reducir el uso de los votos por correo.
Es paradójico y preocupante: mientras las jurisdicciones con sistemas robustos trabajan para asegurar que solo los electores legítimos participen para proteger la confianza pública, en Puerto Rico vamos en la dirección contraria. Estamos abriendo las compuertas antes de haber construido los diques de contención necesarios.
Desde la perspectiva de Reingeniería del Gobierno (pág. 15 del Plan de Gobierno de Proyecto Dignidad), la administración debe basarse en la transparencia y la eliminación de la burocracia, que no añade valor. Un sistema electoral que cambia sus reglas por conveniencia política es un sistema con un “fallo de diseño” sistémico. La gobernadora mencionó, en un artículo de un periódico local, lo siguiente: “Yo no sé por qué hay partidos políticos que se oponen a hacerle la vida más fácil a la gente”. ¡Esto es sumamente preocupante! Si ella no sabe por qué no se debe flexibilizar el voto por correo ni bajarlo a 50 años, entonces no debe estar en La Fortaleza. Ella es la última responsable de ASEGURAR que el proceso electoral sea justo, participativo, transparente y equitativo. Esto no se consigue con una varita mágica; se necesitan controles robustos para poder obtener estos resultados. El aumentar los votos por correo bajo ningún concepto se considera un control robusto.
La democracia no siempre muere de un golpe; muere en los detalles, en las firmas a puerta cerrada y en la erosión de la capacidad operativa de sus instituciones. Como bien plantea el espíritu de reingeniería de nuestro plan, Puerto Rico merece un diseño institucional que minimice los fallos, no que los hagan más fáciles de ocurrir. La eficiencia sin transparencia es simplemente una vía rápida hacia el caos. Es hora de detener esta degradación antes de que el daño estructural sea irreversible. No podemos permitir que la casa común de nuestra democracia se caiga por una mala ingeniería legislativa.
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