El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones Rivera, confirmó que enfrenta cuatro querellas radicadas en su contra y sostuvo que estas responden a un intento deliberado por removerlo de su posición.
En entrevista con Alexandra Lúgaro, el funcionario aseguró que las denuncias —que incluyen alegaciones de acoso sexual, acoso laboral, discrimen por razón de sexo y represalias— no tienen fundamento.
“Hay cuatro, no de la misma naturaleza, pero todas están relacionadas… son falsas. De hecho, la prueba va a demostrar lo contrario”, expresó.Quiñones
Rivera planteó que las querellas provienen de personas que trabajaban bajo su supervisión en posiciones de confianza y que, desde el inicio de su gestión, buscaban evitar que asumiera o se mantuviera en el cargo.
“Son cuatro personas que han tratado desde el día uno… que este servidor no sea el Secretario de Corrección”, afirmó.
El titular del DCR insistió en que se trata de una “agenda” impulsada por dinámicas internas dentro de la agencia, incluyendo diferencias sobre el manejo administrativo y decisiones tomadas desde su llegada.
“Esto es una agenda… personas por debajo de mí que han querido mandar por encima del secretario y dirigir cosas en una dirección contraria a los mejores intereses del departamento”, sostuvo.
Al ser cuestionado sobre las alegaciones específicas de conducta inapropiada, el secretario las rechazó de forma categórica y aseguró que no existe evidencia que las respalde.
“Totalmente falso… en absoluto”, respondió al preguntársele si podrían surgir mensajes, grabaciones o videos que sustenten los señalamientos.
Por el contrario, indicó que cuenta con comunicaciones que —según dijo— contradicen la versión de una de las querellantes, incluyendo mensajes que, a su juicio, reflejan una relación distinta a la descrita en las denuncias.
Quiñones Rivera también vinculó la controversia a decisiones disciplinarias dentro del DCR, mencionando como ejemplo la destitución de una oficial correccional tras un incidente de agresión a una confinada, lo que —según alegó— generó presiones internas.
El funcionario reiteró que continuará en funciones y defendió su trayectoria de casi tres décadas en el servicio público, asegurando que no se dejará intimidar por las querellas.