El presidente ejecutivo de Professional Hospital Guaynabo, el doctor Leonardo I. Valentín Pérez, urgió a la Administración de Seguros de Salud (ASES) a corregir presuntos errores en las tarifas base del modelo de Grupos Relacionados por el Diagnóstico Refinados para Todos los Pacientes (APR-DRG, por sus siglas en inglés), al advertir que la metodología actual podría acarrear implicaciones legales si no se atiende con urgencia.
Según el galeno, el modelo utilizado para establecer los pagos hospitalarios en Puerto Rico carece de una base actuarial sólida y transparente, lo que distorsiona el financiamiento del sistema de salud en la isla.
“Se está utilizando información histórica de pagos que incluye descuentos no contractuales, lo que altera el punto de partida financiero y crea desigualdades entre instituciones”, sostuvo Valentín Pérez.
El ejecutivo explicó que esta práctica favorece a hospitales con acuerdos previos con aseguradoras, mientras penaliza a instituciones más recientes o fuera de redes tradicionales. Asimismo, señaló que el modelo no responde a metodologías actuariales reconocidas, lo que levanta dudas sobre su validez técnica.
Como referencia, comparó la situación con el caso federal Bridgeport Hospital v. Becerra (2024), en el que un tribunal invalidó una política de pagos tras concluir que una agencia federal modificó una fórmula sin base legal suficiente.
“El tribunal fue claro en que las agencias no pueden redistribuir pagos sin fundamento técnico o legal. Ese mismo principio aplica en Puerto Rico”, afirmó.
Valentín Pérez advirtió que el sistema actual podría ser impugnado si se demuestra que carece de una metodología válida, genera efectos discriminatorios entre proveedores o altera el mercado sin justificación técnica.
Además, destacó que Puerto Rico cuenta con uno de los índices salariales más bajos dentro del sistema federal, cercano a 0.34, lo que reduce significativamente los pagos de Medicare en aproximadamente un 42% por caso comparable. Indicó que esta situación impacta los parámetros de Medicare Advantage y representa una carga financiera para los hospitales, limitando su capacidad operativa y dificultando la retención de talento médico.
Ante este panorama, el ejecutivo propuso un plan de acción que incluye la revisión inmediata de las tarifas base por parte de ASES mediante metodologías actuariales transparentes, así como la eliminación de datos distorsionados en el cálculo de pagos.
También sugirió impulsar medidas a nivel federal para establecer una base mínima de pagos en Puerto Rico y evaluar ajustes similares a los implementados en jurisdicciones como Alaska y Hawái.
A nivel local, exhortó a los hospitales a optimizar sus informes de costos, coordinar esfuerzos para corregir distorsiones en el sistema y participar activamente en procesos regulatorios y judiciales.
Finalmente, advirtió que, de no atenderse la situación, el gobierno podría enfrentar litigios por parte de instituciones hospitalarias.
“El sistema actual no se sostiene. Mantener tarifas sin base técnica ni equidad estructural expone al gobierno a retos legales inevitables. La evidencia está clara. Puerto Rico no puede continuar operando bajo un modelo que penaliza a sus hospitales. Es momento de corregir el rumbo”, concluyó.