Los portavoces del Frente en Defensa de las Pensiones reclamaron este domingo a la gobernadora, Jennifer Aydin González Colón, que autorice a las agencias fiscales del gobierno a comparecer en el proceso de vistas públicas sobre el Proyecto de la Cámara 45, medida dirigida a proteger el poder adquisitivo de las pensiones de los empleados públicos jubilados.
Las agencias en cuestión son: la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Administración de los Sistemas de Retiro.
La medida, que originalmente fue el Proyecto de la Cámara 2038 radicado por petición del grupo por los representantes Lourdes Ramos Denis Márquez y Mariana Nogales fue vetado el 30 de julio de 2024 por el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia ante la negativa de la Junta Fiscal.
Como consecuencia, Ramos radicó nuevamente la medida en enero de 2025 (Proyecto de la Cámara 45).
Las organizaciones que integran el Frente indicaron que, aunque el proyecto identifica posibles fuentes de financiamiento, la Comisión legislativa ha solicitado por cerca de un año la comparecencia de estas agencias para evaluar con mayor profundidad el impacto fiscal de la medida. En ese sentido, el Frente exhortó a la Gobernadora, en su carácter de jefa del Ejecutivo, a impartir instrucciones para que estas agencias participen en el proceso legislativo y presenten su evaluación sobre la propuesta que busca establecer mecanismos para compensar la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones que han sufrido los jubilados del gobierno durante casi dos décadas.
Sobre el particular, enviaron una comunicación formal a la gobernadora solicitando que se autorice la comparecencia de estas agencias.
El proyecto contempla que durante el primer año los jubilados reciban un aumento general que oscilaría entre 7 por ciento y 10 por ciento y que, a partir del segundo año, se establezcan ajustes anuales automáticos vinculados a la inflación, similares a los aumentos otorgados a los beneficiarios del Seguro Social federal bajo el mecanismo conocido como COLA (Cost of Living Adjustment).