En medio del creciente escrutinio sobre los procesos de contratación y manejo de fondos de reconstrucción —tras la controversia reciente por contratos vinculados a COR3 y la empresa Ecoval— surgen ahora nuevas preocupaciones sobre la ejecución misma de la recuperación en Puerto Rico y sus posibles implicaciones fiscales.
Esto ocurre en momentos en que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, levantó interrogantes sobre la relación entre la firma Ecoval, contratistas del gobierno y procesos vinculados a la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), en el contexto de la citación legislativa al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech.
“Hay múltiples formas para que la misma gente, usando diferentes corporaciones, hagan negocios con el gobierno. Eso no es una imputación ni una acusación, ¡pero es un dato como lo son muchos documentos del gobierno!”, expresó el líder senatorial en redes sociales, al cuestionar posibles vínculos entre empresas como Ecoval, Strider e Iglesias & Iglesias.
Las expresiones se producen en medio de una investigación legislativa en la que está citado el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, que examina —entre otras cosas— contratos, subcontratos y mecanismos de supervisión en COR3, así como posibles conflictos de interés en la gestión de fondos federales.
El tema no es nuevo. Una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) documentó previamente vínculos del actual director de COR3, Eduardo Soria Rivera, con la empresa Ecoval, la cual acumuló contratos con agencias del gobierno, algunos relacionados con la gestión de proyectos financiados con fondos de reconstrucción.
Sin embargo, más allá de los cuestionamientos sobre contratación, una fuente con conocimiento directo de los procesos de recuperación advirtió a Metro Puerto Rico que el problema podría ser aún más profundo: la forma en que se está ejecutando la reconstrucción podría poner en riesgo el reembolso de fondos federales y, en consecuencia, las finanzas del país.
“La mala ejecución de la recuperación puede llevar a Puerto Rico a una nueva quiebra”, sostuvo.
El señalamiento ocurre en un momento en que el modelo de recuperación depende de un delicado equilibrio: los municipios ejecutan proyectos, el gobierno central adelanta los fondos y posteriormente FEMA reembolsa esos gastos. Si ese proceso falla —ya sea por incumplimientos técnicos, retrasos o errores administrativos— el costo final recae sobre las finanzas públicas.
El planteamiento coincide con problemas documentados recientemente. Un informe de Ayuda Legal Puerto Rico advierte que, pese a asignaciones históricas, la recuperación “parece pospuesta indefinidamente”, en un contexto de burocracia, falta de planificación y limitaciones estructurales del gobierno local.
Datos citados en ese informe indican que, aunque FEMA ha obligado cerca de $41,000 millones en fondos para Puerto Rico, solo una fracción —alrededor de $12,000 millones— había sido desembolsada hasta 2025, mientras múltiples sectores han denunciado retrasos y obstáculos administrativos.
El cuadro es consistente con los hallazgos de la Junta de Supervisión Fiscal. En su informe más reciente, el organismo advierte que una parte significativa de los fondos federales de recuperación aún no ha sido desembolsada y que el ritmo de ejecución continúa por debajo de lo proyectado, lo que representa un riesgo para el desempeño económico y fiscal del país.
En ese contexto, la fuente apuntó a decisiones internas en COR3 que, a su juicio, han complicado aún más los procesos. Entre ellas, mencionó la imposición de un requisito de certificación legal para la radicación de solicitudes de reembolso, una medida que —según indicó— generó atrasos y puso en riesgo la elegibilidad de proyectos municipales completados incluso hace varios años.
Aunque COR3 posteriormente flexibilizó ese requisito, la fuente sostuvo que el episodio refleja desconocimiento de los procesos federales y añade incertidumbre a un sistema ya complejo.
“La presunción en estos programas es que los procesos se hacen en regla, salvo que haya fraude. Añadir requisitos adicionales en esa etapa puede atrasar o impedir los reembolsos”, explicó.
Más allá de ese cambio específico, la preocupación central de la fuente es que Puerto Rico continúa adelantando dinero sin garantías absolutas de recuperación. La Junta de Supervisión Fiscal ha advertido que el gobierno podría verse obligado a asumir costos adicionales si los fondos federales no cubren completamente los gastos o si surgen nuevos compromisos sin financiamiento recurrente.
La fuente también levantó señalamientos adicionales sobre la gestión del director ejecutivo de COR3, incluyendo alegados choques con funcionarios federales y preocupaciones sobre vínculos con contratistas. Sostuvo que el funcionario presuntamente habría realizado gestiones en agencias para favorecer empresas con las que tuvo vínculos previos y cuestionó si la venta de su empresa se completó antes o después de su entrada al gobierno.
Durante la campaña electoral, la gobernadora Jenniffer González había prometido eliminar la oficina de COR3.