El Proyecto de la Cámara 1103, que busca abrir los servicios financieros a la industria del cannabis medicinal en Puerto Rico, recibió respaldo de diversos sectores durante una vista pública de la Comisión de Banca, Seguros y Comercio en la Legislatura.
El director ejecutivo de G9 Alliance Inc., José Aleczer Rivera Jiménez, defendió la medida al señalar que pretende corregir una desventaja regulatoria frente a otras jurisdicciones de Estados Unidos. Según planteó, la propuesta permitiría que instituciones financieras reguladas por la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ofrezcan servicios bancarios a esta industria, algo que actualmente está limitado en la isla.
Rivera Jiménez indicó que el acceso restringido ha provocado que solo una cooperativa, TUCOOP, atienda aproximadamente el 40 % de la industria, lo que ha generado costos elevados y condiciones que calificó como “anticompetitivas”. En ese sentido, sostuvo que la enmienda contribuiría a crear un entorno más equitativo y eficiente.
El deponente también recomendó ajustes adicionales al proyecto para incentivar la participación de más instituciones financieras, incluyendo garantías regulatorias que eviten sanciones a entidades que ofrezcan servicios a negocios licenciados, siempre que cumplan con las normativas federales de cumplimiento.
Por su parte, la directora ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, Zoimé Álvarez Rubio, expresó que la organización no objeta la medida. Destacó que eliminar las restricciones actuales permitiría alinear la regulación local con otras jurisdicciones estadounidenses y abrir el mercado a la banca comercial.
No obstante, advirtió que los altos costos asociados al cumplimiento de leyes federales contra el lavado de dinero continúan siendo un factor que limita la participación de instituciones financieras, debido al riesgo de multas severas.
Desde el sector regulador, la comisionada de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), Mónica Rodríguez Villa, indicó que la medida podría fomentar mayor competencia y reducir la concentración de servicios en un solo proveedor, fortaleciendo así el ecosistema financiero.
En contraste, la presidenta ejecutiva de COSSEC, Mabel Jiménez Miranda, planteó que la legislación no es estrictamente necesaria, al argumentar que el marco actual ya permite a las cooperativas ofrecer servicios a esta industria. Sin embargo, reconoció los retos operacionales que enfrentan estas entidades para cumplir con los requisitos regulatorios.
Asimismo, la directora de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal, Marjorie Tolentino, consideró que la propuesta atiende un asunto legítimo de política pública y podría mejorar la transparencia financiera del sector.
Durante la vista, también surgieron preocupaciones sobre el estatus territorial de Puerto Rico y la clasificación del cannabis como sustancia controlada a nivel federal, lo que podría generar conflictos regulatorios.
A pesar de ello, el presidente de la comisión, el representante Jorge Navarro Suárez, adelantó que incorporarán enmiendas sugeridas por la industria y que se encaminarán a rendir un informe positivo sobre la medida.
“Entendemos que tiene que aprobarse, porque esto ayudará a esta industria que está generando ingresos para Puerto Rico”, afirmó el legislador.