El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, defendió su gestión y la de otros miembros del gabinete de la gobernadora Jenniffer González durante su comparecencia ante la comisión total del Senado, al tiempo que catalogó el proceso como “injusto” y denunció un patrón de presión política desde la legislatura.
En una ponencia escrita presentada ante el Senado, el funcionario planteó que su citación no es un evento aislado, sino parte de una tendencia en la que varios jefes de agencia han sido llevados ante ese foro legislativo durante el cuatrienio.
Domenech sostuvo que, en un periodo de poco más de un año, múltiples miembros del gobierno han enfrentado este mecanismo.
“Hoy me convierto en el cuarto miembro del gabinete de la gobernadora en ser citado a una comisión total en 15 meses de gobierno, un récord para la Asamblea Legislativa y más sorprendente aun porque se dice que somos del mismo partido”, dijo.
El secretario argumentó que estas citaciones responden a una estrategia “más amplia” de presión. Según expuso en su ponencia, deben analizarse como parte de una dinámica política que busca incidir en la toma de decisiones dentro del gobierno.
En esa línea, defendió a otros funcionarios que han sido citados previamente, asegurando que enfrentaron señalamientos que posteriormente no se sostuvieron.
“No olvidemos que en lo que vamos de este Gobierno, el Senado ha citado a tres secretarios a una comisión total, en donde a cada uno se le han hecho imputaciones falsas, y a quienes el tiempo ha reivindicado. A todos”, dijo.
El funcionario mencionó específicamente casos como el del secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) Waldemar Quiles, el secretario del Departamento de Salud (DS), Victor Ramos, y la exdesignada a secretaria de Estado Verónica Ferraiuoli, señalando que las acusaciones en su contra no prosperaron.
Más allá de su defensa, Domenech elevó el tono al cuestionar el rol del Senado y, particularmente, del presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz. En su ponencia, planteó que las acciones legislativas responden a un intento de ejercer control sobre la gobernadora.
“Esto no es fiscalización legítima. Esto es intentar gobernar desde la Legislatura, y eso la Constitución simplemente no lo permite”, afirmó.
El secretario también argumentó que el uso de herramientas legislativas de forma selectiva puede convertirse en un mecanismo de presión institucional.
“Eso no es balance de poderes. Eso es intimidación institucional”.
La comparecencia del funcionario se da en medio de una pesquisa legislativa amplia sobre contratación gubernamental, vínculos con la firma Politank y posibles conflictos de interés en distintas agencias del Ejecutivo, en lo que se perfila como uno de los procesos de fiscalización más abarcadores del cuatrienio.