Los presidentes de varios sindicatos le solicitaron a la gobernadora Jenniffer González Colón que no obligue a los empleados públicos que utilicen sus días de vacaciones ante el receso decretado por Semana Santa.
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Desiree López Ramírez, representante internacional de United Auto Workers, le pidió a González Colón que no haga los descuentos a los días de vacaciones.
“No se puede vender como un beneficio una medida que obliga al empleado público a pagar con sus propias vacaciones un receso decretado por el Gobierno. Eso no es conceder días libres; eso es imponer una penalidad al trabajador. Deben establecer alternativas para quienes no puedan ni quieran acogerse al receso decretado”, sostuvo López Ramírez, en declaraciones escritas.
Mencionó que, como alternativa mínima, se solicite que la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico y los jefes de agencia establezcan que acogerse a ese periodo con cargo a vacaciones sea estrictamente voluntario, y que se garantice además la oportunidad de continuar trabajando a quienes así lo deseen.
“Recordemos que, tras la aprobación de la Ley 26-2017, la acumulación de licencia de vacaciones para los empleados públicos fue reducida de 2.5 días a 1.25 días por mes, equivalente a 15 días al año en lugar de 30. Bajo ese escenario, un empleado que ha trabajado de enero a marzo apenas ha acumulado 3.75 días, por lo que al cargarle cuatro días por el receso de Semana Santa podría quedar con un balance negativo o insuficiente“, añadió.
Por su parte, el presidente de la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (UECFSE) Raymond Valentín Matta, expresó que “no podemos respaldar medidas que, en la práctica, obliguen a los empleados a utilizar su tiempo acumulado de vacaciones para poder acogerse a estos días libres. Eso no constituye un beneficio real, sino una transferencia del costo al trabajador”.
Asimismo, la presidenta de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPUPR), Concilio 95 AFSCME, Jessica Martínez Santos sostuvo que “no podemos permitir que un cierre voluntario termine siendo una imposición en la práctica. La gobernadora dice que es voluntario, pero la experiencia nos ha enseñado que, sin directrices claras, muchos jefes de agencias y supervisores no establecen los mecanismos para que quienes quieran trabajar puedan hacerlo. Por eso estamos exigiendo que se emitan instrucciones específicas a todos los jefes de agencia para que elaboren un plan que garantice que los centros de trabajo permanezcan abiertos y operando, permitiendo que los empleados que así lo prefieran puedan laborar sin tener que sacrificar sus días de vacación ni su salario.