Los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) apelaron la decisión del tribunal federal que rechazó su reclamo de al menos $3,700 millones dentro del proceso de quiebra bajo PROMESA, al presentar múltiples avisos de apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito.
Entre los apelantes figuran entidades como U.S. Bank, en su rol de fiduciario de los bonos, así como grupos ad hoc de bonistas, aseguradoras como Assured Guaranty y fondos de inversión como GoldenTree, entre otros, según documentos radicados ante el tribunal.
Las apelaciones impugnan la opinión y orden emitida el pasado 16 de marzo por la jueza Laura Taylor Swain, que denegó la solicitud de los bonistas de recibir prioridad de pago como gasto administrativo dentro del caso de Título III de la AEE.
En su decisión, el tribunal concluyó que el reclamo de los bonistas “no procede en derecho” y que ninguna de las teorías legales presentadas justifica otorgar prioridad administrativa.
El fallo también dejó sin efecto solicitudes de descubrimiento de prueba mediante las cuales los bonistas buscaban obtener documentos para sustentar su alegación de que la AEE generó miles de millones en ingresos netos tras la quiebra.
Con la apelación, los acreedores buscan revertir esa determinación y reabrir el debate sobre su derecho a cobrar con prioridad dentro del proceso de reestructuración.
El trasfondo de la disputa
Los bonistas sostienen que la AEE generó más de $3,700 millones en ingresos netos que, según alegan, debieron destinarse al pago de la deuda.
Por su parte, la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico ha argumentado que esos ingresos no existen o son insuficientes debido al deterioro del sistema eléctrico y los altos costos operacionales.
El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito ya había determinado en 2024 que el único colateral de los bonistas son los ingresos netos de la corporación pública, aunque no fijó el valor de recuperación.
Previo a la apelación, la Junta sostuvo que la decisión del tribunal eliminaba un obstáculo significativo para la confirmación del plan de ajuste, que propone pagos de hasta $2,600 millones a los acreedores.
Sin embargo, la nueva ofensiva legal de los bonistas añade incertidumbre sobre el calendario de la reestructuración de la AEE, que aún se encuentra bajo el proceso de quiebra supervisado por el tribunal federal.
En una vista ómnibus la semana pasada, la jueza urgió a las partes a buscar adelantos en el proceso de mediación.