La investigación del Senado sobre la expansión y operación del vertedero del Municipio Autónomo de Carolina entró en una nueva fase de confrontación judicial, luego de que la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales advirtiera que solicitará al tribunal que declare en desacato al oficial examinador del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Luis González Ortiz, por no comparecer a una vista pública para la que había sido citado.
La presidenta de la comisión, la senadora Marissa “Marissita” Jiménez Santoni, informó que el deponente era el único citado para la audiencia celebrada hoy en el Capitolio, en el marco de la Resolución del Senado 2, que indaga el proceso de permisos y los posibles impactos ambientales y de salud pública del vertedero.
Según explicó, González Ortiz fue citado inicialmente el pasado 20 de marzo a través del Sargento de Armas y, tras lo que describió como una actitud hostil y negativa a contestar preguntas en una comparecencia previa, se le diligenció una citación personal para asegurar su presencia. Sin embargo, no acudió.
“Ante la actitud hostil y la negativa de contestar preguntas de la comisión fue citado personalmente… y no compareció. Conforme a las disposiciones del Código Político, se ordena que se proceda a través del tribunal y se solicite el desacato correspondiente”, expresó la legisladora.
El senador Ángel Toledo López añadió que la comisión ya había recurrido al tribunal para obligar la comparecencia del funcionario, logrando una orden judicial que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones, lo que, a su juicio, agrava la situación.
“A pesar de que el tribunal emitió una orden y el Tribunal de Apelaciones la confirmó, el licenciado decidió no comparecer”, sostuvo Toledo, quien solicitó que se impongan sanciones y se le ordene comparecer para responder a los cuestionamientos legislativos.
Por su parte, el senador Eliezer Molina Pérez cuestionó las determinaciones adoptadas en el caso y urgió mayor rendición de cuentas por parte de las agencias.
“Las determinaciones que él ha tomado en relación a este caso particular son sumamente preocupantes… Llegó el momento en que las agencias respondan por sus acciones”, indicó.
La pesquisa legislativa se centra en la evaluación del proceso de permisos que permitió la operación y expansión del sistema de relleno sanitario en Carolina, así como en los posibles riesgos ambientales, incluyendo la ubicación del vertedero en zonas ecológicamente sensibles, cercanas a acuíferos, áreas protegidas y espacios de valor arqueológico.
En vistas previas, comunidades, expertos y legisladores han levantado preocupaciones sobre la filtración de lixiviados, la posible contaminación de cuerpos de agua y deficiencias en el manejo de desperdicios sólidos, mientras agencias y operadores han defendido el cumplimiento con la reglamentación vigente.
La controversia también se inserta en cuestionamientos previos sobre el proceso de evaluación del permiso, incluyendo señalamientos de que el oficial examinador habría emitido recomendaciones sin visitar las instalaciones del vertedero, lo que ha levantado dudas sobre el rigor técnico del análisis .
La comisión reiteró que continuará utilizando todos los mecanismos legales disponibles para garantizar la comparecencia de testigos y el acceso a la información necesaria, como parte de un proceso que busca esclarecer la transparencia en la otorgación de permisos y la protección de los recursos naturales y la salud de las comunidades impactadas.