Esta tarde, la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en su reunión ordinaria evaluó las notificaciones cursadas por la presidenta de la institución, Zayira Jordán Conde, relacionadas con cambios en la dirección académica de cinco de los 11 recintos del sistema universitario.
Tras la correspondiente deliberación, el cuerpo rector acordó acoger dichas peticiones.
Las acciones notificadas por la Presidencia incluyen la remoción, al 27 de marzo, de los siguientes rectores: Angélica Varela Llavona, del recinto de Río Piedras, Agustín Rullán Toro, del recinto de Mayagüez, Miguel Vélez Rubio, del recinto de Bayamón, Tessie Cruz Rivera, del recinto de Ponce, y Sonia Rivera González, del recinto de Aguadilla.
Estos cambios se dan como parte de un proceso de “reconfiguración administrativa”.
Según ha sido planteado por la presidenta, “estas decisiones responden a la necesidad de adelantar un proceso de transformación institucional que busca fortalecer la capacidad de ejecución del sistema y asegurar la alineación de los liderazgos académicos con las prioridades estratégicas de la administración central”.
De igual forma, para asegurar la continuidad administrativa, la presidenta ha nominado como rectores a Miguel Muñoz Muñoz, en el recinto de Mayagüez, Wilma Santiago Gabrielini, en el recinto de Aguadilla, Eliezer Barrios Colón, en el recinto de Ponce, y a Jorge Rovira Álvarez, en el recinto de Bayamón.
Queda pendiente de nominar a la persona que fungirá como rector interino del recinto de Río Piedras, lo que debe ser informado próximamente.
Todos los nominados entrarán en funciones a partir del 28 de marzo de 2026.
Estas designaciones interinas estarán sujetas a la consideración y los procesos institucionales correspondientes para su ratificación, en tanto se encamina la estabilización de la gestión académica y administrativa en cada unidad. La Junta de Gobierno reconoce que la presidenta, en el ejercicio de sus funciones, “se encuentra en el proceso de conformar un equipo de trabajo de su entera confianza”, con miras a impulsar las determinaciones que ha identificado como críticas para el funcionamiento y la evolución del sistema universitario.
La Junta ha optado por respaldar estas determinaciones dentro de ese marco, entendiendo que corresponde conceder el espacio institucional necesario para que la Presidencia pueda implementar su visión y demostrar su capacidad de ejecución. “Este respaldo, no obstante, se fundamenta en una expectativa clara de resultados”.
“La Junta de Gobierno reitera su rol indelegable de supervisión y fiscalización, y permanecerá atenta a la implementación de las medidas anunciadas, así como al cumplimiento de los objetivos trazados en términos de estabilidad institucional, calidad académica, gobernanza efectiva y servicio al estudiantado”, indicó la Junta en declaraciones escritas.
“La Junta de Gobierno continuará ejerciendo sus funciones con el más alto sentido de responsabilidad institucional, velando porque las decisiones adoptadas redunden en el fortalecimiento sostenido de la Universidad y en el cumplimiento de su misión académica y social”, concluyó en declaraciones escritas.
