La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aprobó, a puerta cerrada, el plan de remoción de los cinco rectores que fueron descabezados del sistema, incluyendo a Río Piedras y Mayagüez.
Con 8 votos a favor y 4 en contra, la Junta confirmó su destitución, dando paso a los planes de “reestructuración” de la presidenta Zayira Jordán Conde, quien, el pasado lunes notificó a los líderes universitarios sobre los cambios.
En una determinación “en secreto” y sin ser transmitida en el canal de la Junta de la UPR, la presidenta de la institución universitaria logró su cometido al conseguir los votos A Favor de la destitución de los cinco rectores.
Los rectores de Bayamón, Ponce y Aguadillas fueron destituidos, junto con los rectores de Mayagüez y de Río Piedras.
Los decanos fueron llamados a una reunión de emergencia con la rectora riopiedrense Angélica Varela Llavona, donde se les comunicó la noticia.
Más temprano, las rectoras de los recintos de Ponce y Aguadilla, solicitaron a la Junta de Gobierno retirar sus renuncias a los cargos y denunciaron irregularidades en el proceso mediante el cual firmó esa carta.
“En ningún momento fue mi intención de renunciar al compromiso con la institución”, dijo “Tessie” Cruz Rivera, rectora de la UPR Ponce, en la carta dirigida al presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Dalmau Santana.
Por su parte, la rectora de la UPR de Aguadilla, Sonia Rivera González, sostuvo en la misiva que: “Deseo dejar claramente establecido que en ningún momento existió, por mi parte, la intención de abandonar dicha responsabilidad sin que mediara un proceso ordenado de transición, en beneficio de la institución que tengo el honor de dirigir”.
La medida se produce en medio de un ambiente de tensión en varios recintos, donde estudiantes mantienen paros y se han expresado en contra de la administración de Jordán Conde, exigiendo mayor transparencia en los procesos de gestión universitaria.
Más temprano, la ex comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) Vanessa Santo Domingo fue designada como vicepresidenta de la Junta de Gobierno, un nombramiento al que el Partido Popular se opuso.