El secretario del Departamento de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez, defendió la negativa de la agencia a divulgar cierta información contributiva, al insistir en que su deber “indelegable” es proteger la confidencialidad de los contribuyentes, en medio de la presión del Senado por acceso a datos fiscales.
“Como Secretario de Hacienda tengo un deber claro e indelegable: proteger la confidencialidad de la información que los contribuyentes someten ante el Departamento de Hacienda”, sostuvo por escrito, al amparo de la Carta de Derechos del Contribuyente establecida en el Código de Rentas Internas de Puerto Rico.
Las expresiones surgen en un contexto de creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el Senado, luego de que el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, concediera 48 horas a Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) para entregar un desglose detallado que sustente la alegada reducción de $900 millones en contratos de servicios profesionales anunciada por la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón.
El requerimiento legislativo exige información comparativa de los años fiscales 2024, 2025 y 2026, así como detalles por agencia, tipo de servicio y contratos impactados, incluyendo áreas como servicios legales, contabilidad y tecnología.En paralelo, Pantoja Rodríguez defendió la moción de reconsideración presentada por el Departamento de Justicia ante el tribunal, la cual —según explicó— busca que se delimite el alcance del derecho constitucional a la intimidad en materia contributiva.
“No se trata, en ningún aspecto, de limitar la transparencia en los procesos de gobierno ni coartar las facultades investigativas de la Asamblea Legislativa”, afirmó.El funcionario sostuvo que su postura responde a un balance entre los poderes investigativos del Legislativo y las garantías constitucionales de los ciudadanos.
“Los derechos constitucionales son protecciones y garantías mínimas que cobijan a todos los ciudadanos. Proteger la confidencialidad de la información contributiva es proteger la confianza del pueblo de Puerto Rico en el Departamento de Hacienda”, añadió.
El choque ocurre días después de que el Senado acudiera al Tribunal de Primera Instancia para obligar a Hacienda a entregar información relacionada con el cumplimiento contributivo de un contratista gubernamental, lo que intensificó el debate sobre los límites entre fiscalización legislativa y la protección de datos sensibles.
Con la nueva exigencia de información sobre los recortes millonarios, el Senado vuelve a presionar a las agencias fiscales, mientras Hacienda mantiene su defensa en los tribunales, en un conflicto que sigue escalando entre ambos poderes.