El Senado de Puerto Rico aprobó este lunes dos resoluciones para evaluar diferentes aspectos del denominado Proyecto Esencia y su impacto en el municipio de Cabo Rojo.
Primeramente, la Resolución del Senado 459, del senador Eliezer Molina Pérez, para investigar la capacidad actual y futura del sistema de agua en Cabo Rojo y municipios cercanos, así como evaluar la viabilidad del Proyecto Esencia, su demanda real de agua y el posible impacto en comunidades y acuíferos de la región.
Además, la Resolución del Senado 9, presentada por la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), los senadores María de Lourdes Santiago y Adrián González Costa; ordena investigar el proceso de evaluación del proyecto residencial y turístico conocido como Esencia, con el fin de examinar la información sometida por los proponentes ante las agencias gubernamentales, la manera en que dicha información fue analizada por estas entidades, y determinar la viabilidad real del proyecto.
Además, le dio paso al Proyecto del Senado 919, que crea un mecanismo de financiamiento automático para la Comisión Industrial de Puerto Rico al asignarle un cuatro por ciento de los ingresos por primas de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, con el objetivo de evitar atrasos operacionales y garantizar continuidad en la adjudicación de reclamaciones. También se aprobó el Proyecto del Senado 978, que crea incentivos contributivos y herramientas de apoyo para veteranos empresarios, y el Proyecto del Senado 1120, que permite a jueces municipales ordenar tutelas temporales de emergencia para proteger a adultos mayores en riesgo.
Además, el cuerpo legislativo dio paso a varias resoluciones investigativas sobre incentivos fiscales de PRIDCO, el cumplimiento de la ley de estacionamientos públicos y el alcance del proyecto de control de inundaciones del Río Grande de Arecibo.
A eso se suman medidas de la Cámara de Representantes, como la creación del Plan de Alerta “Hero” para la búsqueda de veteranos desaparecidos, un límite de un año para mantener a maestros bajo medidas cautelares en el Departamento de Educación y una nueva ley para garantizar servicios de cuidados paliativos y de hospicio a pacientes con enfermedades graves.