La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico exigió este lunes que se mantenga la orden ejecutiva que prohíbe las terapias de conversión en la isla, en respuesta a planteamientos de la senadora Joanne Rodríguez Veve sobre una reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos.
El portavoz de la Federación, Pedro Julio Serrano, rechazó las expresiones de la legisladora y aseguró que es “absolutamente falso” que el tribunal federal haya ordenado revisar la política pública sobre terapias de conversión.
“Rodríguez Veve miente al alegar que el Tribunal Supremo estadounidense ordenó revisar la política pública de los estados y territorios sobre las terapias de conversión. Eso es absolutamente falso”, sostuvo Serrano, al indicar que la determinación judicial se limitó al tema de libertad de expresión y no declaró inconstitucionales dichas prohibiciones.
Por su parte, la directora de comunicaciones de la Federación, Olga Chapman Rivera, advirtió sobre el impacto que enfrentan jóvenes de la comunidad LGBTQ+ en Puerto Rico.
Según indicó, datos de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) reflejan que estos jóvenes son más propensos a ideaciones suicidas, depresión y uso de sustancias, lo que atribuyó a factores como el rechazo social y discursos de odio.
Mientras, el director de la Federación, Justin Jesús Santiago, hizo un llamado a la gobernadora para que mantenga la prohibición vigente.
“Como sobreviviente de terapias de conversión, a las que les llamo torturas, le exijo a la gobernadora que mantenga la prohibición a una práctica inhumana, antiética y dañina”, expresó.
Las expresiones surgen luego de que Rodríguez Veve solicitara formalmente a la gobernadora Jenniffer González Colón la derogación de la Orden Ejecutiva 2019-016, firmada por el exgobernador Ricardo Rosselló, así como de toda reglamentación derivada de esta. La petición fue cursada mediante carta enviada a La Fortaleza.
En la misiva, la senadora sostiene que la reciente determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Chiles v. Salazar obliga al Gobierno de Puerto Rico a revisar de inmediato cualquier política pública que restrinja una expresión terapéutica particular por razón de punto de vista en contextos de consejería, orientación o tratamiento conversacional. A juicio de Rodríguez Veve, mantener vigente la OE-2019-016 permitiría que el Estado sostenga una estructura regulatoria inconstitucional e incompatible con la Primera Enmienda.
La carta solicita, además, que se dejen sin efecto todas las medidas implantadas al amparo de esa orden, incluyendo resoluciones de juntas examinadoras, exigencias administrativas y protocolos de agencias de salud. También reclama que se instruya a todas las dependencias, instrumentalidades, hospitales, clínicas y proveedores regulados por el Gobierno a atemperar sus reglamentos, formularios y procesos a los parámetros constitucionales reafirmados por el Tribunal Supremo federal.
“Lo que el Gobierno no puede hacer es utilizar su poder regulador para censurar una expresión por razón de punto de vista ni imponer expresiones terapéuticas particulares desde el Estado. Si una política pública en Puerto Rico quedó incompatible con el derecho constitucional vigente, corresponde corregirla de inmediato”, expresó la senadora Rodríguez Veve.