La gobernadora Jenniffer González Colón remitió al Senado un paquete de 10 nombramientos dirigidos a la judicatura y a la Rama Ejecutiva, además de realizar una designación directa, como parte del proceso de confirmación de funcionarios en distintas agencias y posiciones clave del gobierno.
Entre los nombramientos enviados para el consentimiento legislativo figura el del licenciado Luis Augusto Martínez Román como secretario en propiedad del Departamento de la Vivienda, cargo que ocupa de forma interina desde el 16 de marzo. Martínez Román, natural de Quebradillas, cuenta con formación en Justicia Criminal por la Universidad Interamericana de Puerto Rico y un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico, según se indicó.
Asimismo, la mandataria designó a la doctora Catherine Oliver Franco como Procuradora del Paciente. Oliver Franco se desempeña actualmente como administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) y permanecerá en ese cargo hasta tanto el Senado evalúe su nombramiento.
En el ámbito administrativo, la gobernadora realizó una designación directa de Blanca M. Medina Díaz como administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF). Medina Díaz ha ocupado diversos roles dentro de la agencia, incluyendo subadministradora y directora de programas como Child Care y Distribución de Alimentos, y asumirá sus funciones de inmediato.
El paquete de nombramientos también incluye a Vanessa Del Moral Rosario como miembro de la Junta de Gobierno de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.
En la judicatura, González Colón designó como fiscales auxiliares I a los licenciados Derick Rivera Muñiz, Carolina Medina de Gracia, Gina Patricia Díaz Ortiz y Natalie M. Martínez Muñiz. Además, se sometieron ascensos a fiscales auxiliares II para Yamilza Mabel Vázquez Cuevas y Maylén Colón Cabán.
Finalmente, se envió al Senado el nombramiento de la licenciada Wandie Camacho Santiago como Procuradora de Asuntos de Menores.
Los nombramientos ahora pasan al proceso de evaluación legislativa, donde el Senado determinará si otorga o no su consentimiento.