El gobierno radicó un proyecto de ley para sustituir el actual sistema de permisos por un nuevo Código de Planificación y Permisos, con el que pretende unificar en un solo marco legal las decenas de leyes y reglamentos que hoy rigen estos procesos en Puerto Rico.
La propuesta surge tras un informe publicado en diciembre de 2025 que concluyó que el sistema vigente está fragmentado en cerca de un centenar de instrumentos legales, incluyendo unas 45 leyes, lo que ha generado procesos redundantes, conflictos regulatorios y atrasos en la evaluación de proyectos.
El proyecto plantea consolidar las normas en un solo código, establecer criterios uniformes y limitar la discreción en la toma de decisiones, obligando a que cualquier denegación de permisos esté fundamentada en disposiciones específicas y permita correcciones antes de rechazarse definitivamente.
Además, reorganiza la estructura institucional. La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) pasaría a convertirse en la Oficina Central de Permisos (OCP), que asumiría de forma exclusiva la emisión de permisos y licencias. Otras agencias, como Recursos Naturales y Agricultura, quedarían enfocadas en funciones de fiscalización, mientras la Junta de Planificación asumiría un rol centrado en política pública y ordenamiento territorial.
Entre los cambios, también se propone la creación de un reglamento único con vigencia indefinida que agrupe todos los requisitos aplicables, así como la implementación de términos obligatorios para adjudicar solicitudes. El incumplimiento de estos plazos tendría consecuencias establecidas en ley.
El modelo distingue entre trámites ministeriales —basados en el cumplimiento de requisitos objetivos— y procesos discrecionales que requieren evaluación técnica. Asimismo, introduce mecanismos como permisos automáticos para pequeños negocios de bajo riesgo, ampliación de obras exentas y procesos acelerados para proyectos considerados de alto impacto en áreas como vivienda, energía e infraestructura.
Según los datos citados en la propuesta, los permisos pueden representar entre un 10% y un 30% del costo total de desarrollo de un proyecto, lo que incide directamente en el precio de la vivienda y otros servicios. También se menciona que Puerto Rico ha quedado rezagado en mediciones de competitividad, particularmente en la obtención de permisos de construcción.
En el componente ambiental, el proyecto mantiene los mecanismos actuales de evaluación —incluyendo declaraciones de impacto ambiental— con términos definidos de hasta 180 días y la prohibición de alterar hábitats críticos.
La medida forma parte de una serie de acciones iniciadas al comienzo del cuatrienio mediante órdenes ejecutivas que buscaban agilizar permisos para proyectos con fondos federales, de emergencia o mitigación, y ahora se presenta como un intento de reformular el sistema en su totalidad.
De aprobarse, el nuevo código implicaría un cambio estructural en cómo se tramitan y fiscalizan los permisos en Puerto Rico, con un enfoque en reducir tiempos, centralizar procesos y hacer más predecible la evaluación de proyectos.