Organizaciones comunitarias y ambientales convocaron a una manifestación en defensa del Río Piedras y de las comunidades aledañas ante el avance de un proyecto de canalización impulsado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, junto al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos.
Grupos como Amigos de Puerto Nuevo por la Cuenca, Guarda Río, Reparto Metropolitano y la Red Comunitaria del Agua denunciaron que el proyecto se fundamenta en una Declaración de Impacto Ambiental que consideran obsoleta, ya que se estableció en la década de 1980, indicaron mediante comunicado.
Dividido en siete contratos, el proyecto capaz de destruir sistemas naturales ya se encuentra en ejecución. Las obras del Contrato 2 comenzaron en el área del puente de la avenida Roosevelt, mientras que la fase correspondiente al Contrato 3 podría iniciar en el verano de 2026 que abarca desde la calle 25 NE hasta la zona norte del Parque Luis Muñoz Marín.
Las intervenciones propuestas incluyen duplicar el ancho del canal mediante estructuras de hormigón y eliminar completamente la vegetación ribereña.
Las comunidades advierten que esto transformaría de manera irreversible el ecosistema del río. Por tanto, la biodiversidad, la migración de especies y la capacidad del sistema natural para sostener vida se verían afectadas.
Asimismo, expresaron preocupación por el impacto social del proyecto. Señalaron que entre 150 y 300 familias podrían ser desplazadas en comunidades como Reparto Metropolitano. También, denunciaron que estos procesos han sido descritos oficialmente como “adquisiciones” en lugar de “expropiaciones”.
Los grupos sostienen que el proyecto no atiende las causas principales de las inundaciones en San Juan que atribuyen a deficiencias en el sistema pluvial que denominan como “obsoleto, mal diseñado o sin mantenimiento adecuado”. Además, el proyecto no toma en cuenta los escenarios relacionados al cambio climático, como el aumento del nivel del mar y eventos extremos.
Las organizaciones exigen la paralización inmediata del proyecto y la elaboración de una nueva Declaración de Impacto Ambiental y la protección del derecho a vivienda, entre otros.
“La canalización no es la solución”, afirmaron las comunidades.