El Gobierno de Puerto Rico fijó este viernes su postura en el caso tarifario de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), al asegurar que no existe un problema de ingresos que justifique aumentar la tarifa eléctrica.
En un documento radicado ante el Negociado de Energía, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (P3A) y la Oficina del Zar de Energía sostienen que el expediente del caso no demuestra que las tarifas actuales sean insuficientes para cubrir los costos del sistema.
Por el contrario, el Gobierno argumenta que las presiones financieras responden a ineficiencias operacionales, fallas en la ejecución de fondos federales y desviaciones presupuestarias, particularmente bajo la operación de LUMA Energy.
“El récord no respalda un aumento en tarifas”, plantea el documento, que advierte que aprobar un alza en estas circunstancias implicaría trasladar a los consumidores el costo de problemas administrativos y de ejecución.
Cuestionamientos a LUMA
La postura oficial también lanza críticas directas a LUMA, a quien responsabiliza por no haber presentado evidencia suficiente, transparente y verificable para sustentar sus costos operacionales.
Según el Gobierno, la empresa no ha cumplido con el estándar requerido en este tipo de procesos regulatorios, lo que limita la capacidad del Negociado para determinar si los gastos reclamados son prudentes y necesarios.
El documento señala, además, discrepancias significativas en el manejo de fondos federales, incluyendo la devolución de más de $100 millones por falta de documentación adecuada y bajos niveles de reembolso en gastos asociados a emergencias como el huracán Fiona.
Otro de los argumentos centrales es que el aumento en costos no ha venido acompañado de mejoras en el servicio.
El Gobierno sostiene que los indicadores de confiabilidad del sistema eléctrico han empeorado en los últimos años, con más interrupciones y mayor duración de apagones, a pesar de los recursos disponibles.
Bajo ese escenario, advierte que un aumento tarifario sería injustificado y difícil de sostener para los consumidores, que ya enfrentan un servicio más costoso y menos estable.
En lugar de aprobar un alza, el Gobierno propone una alternativa basada en redistribución de recursos existentes.
La propuesta incluye mantener el cargo provisional vigente para cubrir pensiones, reducir gastos operacionales de LUMA y Genera, y reasignar fondos para atender necesidades del sistema sin impactar la tarifa base.
Asimismo, enfatiza la necesidad de utilizar de manera más efectiva los fondos federales disponibles antes de considerar cualquier incremento en la factura.
La postura del Gobierno llega en la etapa final del caso tarifario, cuando el Negociado de Energía se prepara para emitir una decisión que definirá el costo de la electricidad en Puerto Rico.
En ese contexto, el documento insiste en que cualquier determinación debe cumplir con el estándar legal de tarifas “justas y razonables” y evitar imponer cargas adicionales a los abonados sin base evidenciaria.
Aquí puedes leer la moción: