La controversia en torno a la exsecretaria de Vivienda, Ciary Pérez Peña, no es simplemente otro episodio incómodo en la administración pública. Es un espejo que refleja fallas en la manera en que se evalúan, se nombran y se defienden figuras de alto perfil en el gobierno.
Desde el inicio, de una persona de la que se conocían cosas de bien, pasamos al manejo errático de explicaciones que de inmediato levantaron dudas. Las versiones ofrecidas por Pérez Peña fueron cambiantes, incompletas y, en ocasiones, contradictorias. Ese vaivén no sólo alimentó sospecha, sino que debilitó cualquier intento legítimo de defensa. En política, como en gobierno, el vacío de información se llena rápido, y casi siempre con desconfianza.
El problema no fue únicamente lo que se dijo, sino cómo se dijo. La estrategia pareció improvisada, más enfocada en apagar fuegos que en presentar una narrativa clara y verificable, como pensando que se podía pasar con ficha. Y en ese proceso, cada nueva aclaración parecía abrir más interrogantes que respuestas. Cuando la credibilidad se ensucia de esa manera, ya se trata de un asunto de percepción. El hermano, uno de los encargados de los centros de inspección, habló con la colega Melissa Correa y fue un desastre, “donde dije digo, digo Diego”. Parecía olvidar incluso su nombre y su parentesco. Y la entonces secretaria de Vivienda, ni se diga. Su entrevista con Rafael Lenín López, caminando de esquina a esquina en un escenario cual fiscal, mientras la “acusada” trataba de explicar lo mismo que dijo su hermano, “donde dije dijo, digo Diego”, fatal.
Más preocupante aún es lo que este caso revela sobre los procesos internos del gobierno. ¿Cómo es posible que una figura que se convierte en un dolor de cabeza de la administración haya pasado por un proceso de evaluación sin que se encendieran alarmas? Aquí es donde entra el cuestionamiento inevitable al “background check” del que la gobernadora Jenniffer González Colón y su equipo de transición tanto hablaron. Si hubo información disponible que no se detectó, el problema es de capacidad. Si se detectó y no se consideró relevante, entonces el problema es de criterio. Ninguna de las dos opciones está bien.
El proceso de confirmación legislativa, que debería funcionar como un filtro adicional, también queda bajo escrutinio porque lo que se dijo fue que los hechos posiblemente delictivos no ocurrieron mientras era secretaria. Pero ese proceso también tiene una investigación pre-confirmación. Bastante que lo usaron en casos previos.
La determinación del Departamento de Justicia de referir al Panel del Fiscal Especial Independiente el pasado viernes se dio a pesar de muchas especulaciones de desconfianza porque ni bien se supo que la exsecretaria había sido referida a Justicia por dos representantes del PPD, la gobernadora insistió en que la funcionaria era su amiga y que sentía profunda tristeza por el referido.
Ahora, trasladar el peso de la evaluación al Panel del Fiscal Especial Independiente da comienzo a otro capítulo, igual de delicado. El FEI no solo enfrenta el reto de analizar el caso en su fondo, sino de hacerlo en un ambiente cargado de escepticismo. La confianza pública en estas instituciones no está en su mejor momento, y cada decisión —investigar o no investigar— será examinada con lupa. Porque, al final del día, este caso ya trascendió la figura de Pérez Peña. Se convirtió en un termómetro del estado de nuestras instituciones. ¿Funcionan los controles internos? ¿Hay consecuencias reales cuando surgen inconsistencias?
El gobierno también tiene una deuda pendiente. Más allá de aceptar la renuncia o distanciarse del escándalo, tiene que explicar cómo llegó a este punto. Y el referido de Justicia al FEI no subsana la impresión de que el cabro sigue velando las lechugas porque, en vez de adentrarse al proceso de cómo se redujeron las multas a los centros de inspección que habían cometido violaciones, se deja en manos del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) la facultad de investigar ese “pequeño” detalle que ellos controlan bajo los CESCO.
Por último, es preciso aclarar que este referido no surgió de la gobernadora como dijo hace unos días. Su referido inicial fue al DTOP que produjo un informe, pero nunca se lo remitió. Lo pasó directo a Justicia en momentos en que los legisladores Luis Javier Hernández y Sawany Vargas, referían el caso formalmente y la gobernadora estaba fuera del país.
Sin tener mayores detalles y solo por mi instinto periodístico, algo del manejo de este caso me da señales de que están hilando finito más allá de lo que se percibe y que Ciary Pérez Peña fue dejada sola de una, mientras hay otros jugadores de más estirpe, perdonados y en funciones. Pero de eso se trata la próxima columna. Seguimos, de candela en candela. ##