La discusión sobre la reforma del sistema de permisos en Puerto Rico no es un asunto técnico aislado ni un debate meramente administrativo. Para el sector privado, se trata de uno de los temas más determinantes para el presente y futuro económico de la isla. Hoy, ante la consideración de múltiples versiones legislativas, la prioridad y en lo que debe concentrarse la discusión pública no debe ser cuál prevalece, sino buscar que se logre una convergencia responsable que produzca un sistema ágil, confiable y balanceado.
Durante años, la permisología en Puerto Rico ha sido sinónimo de incertidumbre. Proyectos que se retrasan indefinidamente, procesos redundantes, interpretaciones inconsistentes y una burocracia fragmentada han impuesto costos reales, y muchas veces insostenibles, sobre empresarios, desarrolladores y ciudadanos por igual. No se trata únicamente de grandes inversiones: desde la remodelación de una vivienda hasta la apertura de un pequeño negocio, el sistema impacta directamente la vida diaria de la gente.
Desde la perspectiva del sector privado, la reforma debe partir de una premisa fundamental: el gobierno tiene un rol indelegable en la fiscalización y en garantizar el cumplimiento con leyes y reglamentos. Sin embargo, ese rol no puede ejercerse a costa de la eficiencia ni de la certeza. Un sistema que fiscaliza sin agilidad termina desincentivando la actividad económica; uno que agiliza sin controles adecuados pone en riesgo el interés público. El reto, y la oportunidad, está en lograr ese balance.
La convergencia legislativa es, por tanto, indispensable. Fragmentar la reforma en múltiples visiones inconexas solo perpetuaría el problema. Puerto Rico necesita un marco uniforme que simplifique procesos, elimine duplicidades, establezca términos claros y exigibles, y promueva el uso de tecnología para transparentar cada etapa del trámite. Más importante aún, necesita reglas del juego predecibles.
En un mundo globalizado, este tema trasciende lo local. Los inversionistas comparan jurisdicciones. Evalúan cuánto tiempo toma obtener un permiso, cuán consistente es la interpretación regulatoria y cuánta certeza existe en el proceso. Esas variables pesan tanto como los incentivos contributivos o el costo de hacer negocios. Si Puerto Rico aspira a competir por capital, talento y proyectos, su sistema de permisos debe estar a la altura de las mejores prácticas internacionales.
Pero este no es solo un asunto de competitividad macroeconómica. Es, sobre todo, un tema ciudadano. El sistema de permisos impacta al dueño del pequeño comercio, al profesional que desea expandir su oficina, al ciudadano que quiere mejorar su hogar. Por eso, la reforma debe colocar al ciudadano en el centro: procesos más simples, menos cargas innecesarias y respuestas oportunas.
La Asamblea Legislativa tiene ante sí una oportunidad histórica. Lograr la convergencia entre las distintas propuestas no debe verse como una concesión política, sino como un acto de responsabilidad colectiva. No se necesitan más parchos; lo que urge es una transformación coherente que envíe un mensaje claro: en Puerto Rico se puede invertir, se puede construir y se puede progresar con reglas claras y procesos eficientes.
El sector privado está listo para ser parte de la solución. Pero para que esa colaboración rinda frutos, es indispensable contar con un sistema de permisos que deje de ser un obstáculo y se convierta en un facilitador del desarrollo económico y del bienestar ciudadano.
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