Tras la aprobación de fondos estatales PARE, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) asignó fondos a la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, con el fin brindar servicio a víctimas sobrevivientes durante el acompañamiento en los tribunales en los casos de agresión sexual.
Esta entidad busca a profesionales de la conducta que interesen capacitarse en ese rol en una nueva Academia de Intercesores Legales que ofrecerá en octubre.
“Nuestro propósito es unir esfuerzos con organizaciones que ofrecen servicios dirigidos a las víctimas a través de la otorgación y utilización de los fondos. El acompañamiento durante los procesos en tribunales es vital en los casos de agresión sexual; es por es esto que reconocemos la importancia de esta Academia como parte de las primeras líneas de defensa en contra de la violencia de género”, explicó la procuradora interina de la OPM, la Lcda. Madeline Bermúdez Sanabria.
Esta Academia entra en funciones luego de que el gobernador, Pedro R. Pierluisi, firmara la Ley 90 de 2023 que viabilizó que organizaciones sin fines de lucro puedan, bajo la reglamentación aprobada por la OPM, tener la facultad legal de certificar a las intercesoras e intercesores legales que asisten a las personas víctimas de violencia doméstica durante los procedimientos judiciales instados al amparo de la Ley para la Prevención e Intervención contra la Violencia Doméstica (Ley 54). Además, la gestión de procurar fondos es posible a través de la Ley 32 de 2021 que enmienda Ley 54 la cual establece que, en toda vista de causa probable para arresto por cualquiera de los delitos establecidos en ley, deberá estar presente un representante del Ministerio Público, así como un intercesor o intercesora de la OPM. Todo esto en función de lo que realizó el Comité PARE y la política pública de la Rama Ejecutiva, gestionada, a través de la oficial de cumplimiento, Ileana Espada Martínez.
La Academia de Intercesoría Legal de la Red, se está realizando ante la escasez de profesionales de la conducta que apoyen a las/os sobrevivientes de violencia de género en los tribunales. La misma, es una libre de costo para los participantes, que cualifiquen y cumplan con lo requerido por ley. Una vez concluida la academia, estos profesionales serán certificados por la OPM como intercesoras/es legales.
La primera sesión de la Academia, de agosto a octubre, inició esta semana con 25 participantes, los cuales deberán completar unas 40 horas de teoría y 40 horas de práctica supervisada; la misma está enfocada en los casos de violencia doméstica.
Mientras tanto, la segunda sesión de la Academia se concentrará en cómo manejar casos de agresión sexual y comenzará el 28 de octubre hasta diciembre. Para esta sesión se está convocando a profesionales de la conducta tales como consejeras/os, psicólogas/os y trabajadoras/os sociales que hayan manejado casos de violencia de género y estén disponibles para contratación por servicios profesionales en horarios flexibles, incluyendo noches y fines de semana.
Todos aquellos que deseen inscribirse para la segunda sesión de la Academia de Intercesores Legales de la Red, pueden hacerlo escribiendo al siguiente correo electrónico coordinacionredalberguespr@gmail.com.
Coraly León Morales, presidenta de la Red, destacó cuán importante es el preparar intercesoras/es legales que acompañen a las víctimas de violencia de género y en una de sus modalidades, que es la violencia sexual.
“Es importante capacitar también en esta área porque las necesidades de las sobrevivientes de agresión sexual son particulares. Contar con una academia que pueda puntualizar en sus experiencias, fortalece las respuestas y el acompañamiento que se ofrece a las víctimas. El tema de agresión sexual lamentablemente es tabú en Puerto Rico. A veces las víctimas tienen sentimientos infundados de culpa y el hecho de que en gran número las personas agresoras son familiares o conocidas añade complejidad al asunto al tener que acusar a una persona cercana”, comentó León.
En Puerto Rico, según las estadísticas del Negociado de la Policía de PR, al 31 de julio de 2024, se han reportado 660 incidentes, mientras que para el año 2023 se reportaron 1,087 incidentes de violencia sexual, de los cuales el 79.9% de las sobrevivientes fueron mujeres. Además, el 75.45 de las víctimas son menores de 17 años. El delito de mayor incidencia reportado es actos lascivos (67.9%), seguido de agresión sexual (27.7%). Un 52.3% de los ofensores son familiares y 35.4% son conocidos. Se sabe que la inmensa mayoría de los casos de violencia sexual no se reportan.
El Departamento de Salud, ha estimado que en Puerto Rico ocurren anualmente unos 66,000 casos de algún tipo de violencia sexual.
La directora de la Red, Jessica X. Fuentes Catalá, manifestó que “la agresión sexual es considerada uno de los traumas más complejos a atender, precisamente por las secuelas que deja en la víctima.
La intercesora o el intercesor legal, debe tener unas herramientas específicas para hablar del trauma informado, debe tener empatía con la víctima y permitirle continuar ese proceso de ayuda y de salir de la posición de víctima para convertirse en sobreviviente. Algo esencial es que los intercesores legales sean sensibles y estén atentos para que en los procesos en los tribunales no se revictimice a las sobrevivientes, ya que tendrán que testificar y revivir los hechos. La intercesora o el intercesor, escuchará con paciencia, orientará sobre cómo serán las entrevistas y le garantizará que hablará cuando esté lista o listo, pues es su proceso, a su tiempo”.
Fuentes destacó que muchas de las víctimas son menores de edad en casos de violencia intrafamiliar. “Está la horrorosa estadística de que más padres biológicos (53.5%) que padrastros (35.4%) son agresores y esto es parte del trauma a superar. Es muy difícil de sanar y hay que trabajarlo toda la vida, pero sabemos que puede hacerse con apoyo de profesionales de la conducta para que la sobreviviente sea una persona funcional. El buen acompañamiento de una intercesión legal puede ser el comienzo de ese proceso de superar el trauma”, indicó.
Los fondos otorgados por parte de la OPM, también cubrirán las necesidades administrativas de la organización; servicios de educación, prevención y autosuficiencia; atención a la prevención y servicios de apoyo en casos de violencia sexual; servicios de albergue, de emergencia y ambulatorio de apoyo psicosocial, legal, servicios de salud sexual y reproductiva.