Las autoridades federales solicitaron ayuda ciudadana para dar con el paradero de ocho de los 32 acusados de cometer fraude para obtener beneficios de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) en la Isla.
Según indicó el fiscal federal para el distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, un gran jurado para el Tribunal Federal local emitió un total de 32 acusaciones por separado en el esquema para obtener los beneficios del PUA que ascienden a $981,071 dólares en fondos federales.
Los imputados supuestamente presentaron solicitudes fraudulentas al Departamento de Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (DTRH) para recibir beneficios de desempleo que incluían fondos de PUA, utilizando números de seguro social falsos.
Los beneficios fueron enviados a través del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS, por sus siglas en inglés) en forma de cheques que los acusados no estaban autorizados a recibir.
¿Los has visto?
El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en San Juan solicitó la ayuda de los residentes en Puerto Rico para encontrar los siguientes ocho fugitivos: Juan Reyes Hernaiz, Julio Omar Rodríguez Algarín, Taylor Bryan Rentas Díaz, Bryan De Jesús Pizarro, Jerrys Medina Hernández, Jesús Manuel Crespo Rivera, Kelvin Fermaint Hernández y Luis Ángel Crespo Rivera.
¿Quiénes son todos los imputados?
Los 32 acusados son los siguientes: Alexander Hernández Casanova (21,576 dólares), Héctor Javier Fernández Porrata (40,488 dólares), Luis Felipe Cesani Cintrón (66,390 dólares), José Emanuel Serrano (30,564 dólares), José Manuel Salinas Bermúdez (18,180 dólares), Kenny Cruz Chévere (49,476 dólares), Michael Martínez Torres (21,444 dólares), Juan José Reyes Hernaiz (35,022 dólares), Neyscha Lee Font Fontanez (22,908 dólares), Christopher J. Mercedes-Sánchez (30,168 dólares), Taylor Bryan Rentas Día (22,374 dólares), Danny Olmo Quiñones (22,440 dólares), Francisco Carrillo Hernaiz (43,152 dólares), Julio Omar Rodríguez-Algarín (31,632 dólares), Alexander Barbosa Concepción (23,304 dólares), Bryan Omar De Jesús Pizarro (53,636 dólares), Bryan De Jesús Acevedo (17,580 dólares), Carlos Alberto Batista Serrano (53,070 dólares), Fabián Abdiel García Concepción (22,440 dólares), Dianelys Ailysh Torres Pizarro (34,692 dólares), Jamisael Jiménez Pérez (30,366 dólares), Jerry Isaías Medina Hernández (20,112 dólares), Jesús Manuel Crespo Rivera (31,830 dólares), Glendaly Rivera-Torres (21,708 dólares), Joumar Vale Sauri (33,069 dólares), Kelvin Fermaint Hernández (22,374 dólares), Kenneth Javier Escalera Paris (17,910 dólares), Manuel Salinas Bermúdez (40,086 dólares), Rodney Eiram Rodríguez-Rivera (20,112 dólares), Yoanelys Vázquez González (32,430 dólares), Eluzay De Jesús Acevedo (17,376 dólares), y Luis Ángel Crespo Rivera (33,162 dólares).
¿A qué penas se exponen los imputados?
Los imputados enfrentan penas de hasta 20 años de prisión por fraude postal, hasta 10 años por robo de dinero del gobierno, y hasta 5 años por uso indebido de un número de seguro social, además de multas de hasta 250,000 dólares y tres años de libertad supervisada.