BOGOTÁ (AP) — Ha pasado un año desde que el pueblo de Ecuador votó para poner fin a la extracción de petróleo en un parque nacional en la parte del país del corazón de la Amazonía, y no se ha hecho nada para comenzar a cerrar las operaciones. Para los partidarios del cierre, esa ni siquiera es la peor parte: El gobierno ahora busca una extensión de cinco años para que la compañía petrolera estatal se retire.
El pueblo waorani —un grupo indígena cuyo territorio se superpone al del Parque Nacional Yasuní— y otros están frustrados por la falta de cumplimiento del referendo.
“Deberíamos tener ya un resultado avanzado, ya casi 100% de cierre, pero el gobierno no se ha dedicado a eso”, dijo Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), la principal organización waorani del país. “No ha habido voluntad política para garantizar los derechos del pueblo ecuatoriano que las urnas decidieron”.
El Parque Nacional Yasuní es una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta. Además de albergar a los waorani, es hogar de dos de las últimas comunidades indígenas del mundo que viven en aislamiento voluntario, los taromenane y los tagaeri, según la organización sin fines de lucro Amazon Frontlines.
Los partidarios estaban jubilosos el año pasado cuando casi el 60% de los votantes apoyaron el referéndum para poner fin a la extracción de petróleo en un bloque conocido como 43-ITT. Señalaron que se trataba de un referendo histórico que mantendría unos 700 millones de barriles de crudo en el suelo para salvaguardar la naturaleza y a las comunidades indígenas allí.
Un tribunal constitucional le dio al gobierno y a la compañía estatal Petroecuador un año para cerrar pozos y carreteras y desmantelar la infraestructura petrolera. Pero a principios de este mes, el gobierno de Ecuador solicitó al tribunal una extensión de la fecha límite de agosto de 2024 para cerrar el bloque petrolero por al menos cinco años y cinco meses.
El Ministerio de Energía y Minas de Ecuador no respondió a las solicitudes de comentarios. Antonio Goncalves, designado para dirigir el ministerio en julio, declaró a la prensa local que estaban trabajando con Petroecuador en un “plan de salida” y “el desmantelamiento” de sus instalaciones.
“Esto no se ha hecho nunca —ni en el país ni en el mundo. Tiene que hacerse de una manera responsable. Tenemos unos tiempos ajustados, pero creemos que lo podemos conseguir”, dijo Goncalves en una entrevista televisada con Teleamazonas el 21 de agosto.
Algunos expertos dijeron que un año no fue suficiente tiempo para desmantelar las operaciones y que el presidente Daniel Noboa necesitaba los grandes ingresos de la industria petrolera para combatir la espiral de violencia en el país por la que se declaró un estado de excepción en enero. El petróleo representa casi un tercio del PIB de Ecuador y su economía tiene dificultades para cumplir con sus obligaciones de deuda interna.
“Iba a ser muy difícil de realizar considerando todo lo que ha estado sucediendo dentro del país”, refirió en una entrevista Beatriz Nice, asociada en Ecuador del Wilson Center, un grupo de expertos no partidista de análisis y perspectivas sobre asuntos globales, con sede en Washington.
Pero Nice agregó que la solicitud de extensión de cinco años muestra que el gobierno no tiene prisa. “Obviamente, el gobierno está ganando tiempo”, apuntó. “Le dice a la gente, y especialmente a las comunidades indígenas, que ‘tu situación no es una prioridad para nosotros’”.
La industria petrolera ha operado en el norte de la Amazonía de Ecuador durante más de cinco décadas, según la organización sin fines de lucro Amazon Watch, que dijo que derrames de petróleo importantes han sido frecuentes y que en un momento Petroecuador promedió un derrame por semana. Petroecuador no respondió a un mensaje en busca de comentarios.
Kevin Koenig, director de clima y energía de Amazon Watch, explicó que los derrames se traducen en niveles elevados de cáncer, enfermedades respiratorias, abortos espontáneos y otros problemas de salud para las personas que viven cerca. Dijo que era revelador que el gobierno no incluyera fondos para desmantelar la perforación petrolera en su presupuesto de este año.
“Ya sabían que no iban a cumplir con esto”, añadió. “Están usando un montón de argumentos técnicos, pero parece que solo están tratando de engañar a la gente y está muy claro que quieren seguir extrayendo petróleo y obtener todo el petróleo que puedan de esos campos antes de cerrarlos”.
La Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT), que rastrea los derrames de petróleo, reportó que la Amazonía ecuatoriana registró un promedio de 10 derrames al mes de 2016 a 2021, dijo Donald Moncayo, coordinador del grupo.
Bay, el líder waorani, encabezará una delegación a la capital ecuatoriana para hablar ante el Congreso el viernes. Dijo que su pueblo quiere ser incluido en el proceso.
“La decisión del pueblo ecuatoriano ha sido un alivio para los pueblos waorani, porque han entendido que, durante seis décadas, el petróleo no ha sido un desarrollo, no ha sido un cambio, sino ha traído la muerte”, agregó.
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