En medio del escándalo de unos supuestos audios donde que se escucha a un individuo, quien supuestamente es el alcalde de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez Irizarry, obligando a empleados públicos de ese municipio a trabajar en su campaña política, el ejecutivo municipal informó que saldó las deudas atrasadas de la pasada administración por concepto de pago de bonos a los trabajadores.
Los pagos alegadamente corresponden a varios años y tuvieron una inversión de $801,650 dólares. Además, pagó bonos de $600 a los empleados municipales correspondientes a 2021, 2022, 2023. El monto total invertido es de $1,272,525, aproximadamente.
Según explicó Ramírez Irizarry el monto total desembolsado por la administración municipal por concepto de bonos adeudados totalizó $1,041,901. Esto es sumado a los bonos otorgados y desembolsados de 2021 a 2023 por $1,272,525, asciende a una inversión de $2,391,875, aproximadamente.
“Gracias a un equipo de finanzas comprometido y a la implementación de medidas presupuestarias, hicimos justicia a los empleados municipales. Con ello les evidenciamos el valor de su gestión. De igual forma, les aseguro que continuaré trabajando y velando para que los recursos económicos sean destinados a donde corresponde”, aseguró Ramírez Irizarry en declaraciones escritas.
El pasado martes, el representante José Aponte Hernández y la candidata al Senado, Leyda Cruz— ambos del Partido Nuevo Progresista (PNP)— informaron la radicación de querellas en la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y el Departamento de Justicia (DJ), para que estas agencias investiguen la posible comisión de delitos por parte de Ramírez Irizarry, ante la revelación de un supuesto audio donde reclama que unos 218 empleados municipales transitorios tiene que participar activamente de su “campaña política”.
En la grabación supuestamente se escucha decir al ejecutivo municipal ‘uno tiene que ganarse las cosas, la fe es buena pero también hay que hacer un trabajo. Hemos dado 218 empleos nuevos, esos 218 los quiero ver caminando conmigo, en la campaña conmigo’.
Los líderes del PNP detallaron en la querella que: “Por medio de la presente comunicación referimos a usted, acciones incorrectas en las que aparentemente ha incurrido el alcalde de Arecibo, Carlos ‘Tito’ Ramírez Irizarry, quien aspira a ser reelecto en los próximos comicios. Según expondremos más adelante en la presente comunicación, las acciones del señor Ramírez Irizarry podrían configurar crasas violaciones a la ética que rige a los funcionarios públicos. Debemos informar que contamos con el testimonio bajo juramento de una persona que tiene propio y personal conocimiento de los hechos”.
Continuaron: “Específicamente señalamos que supuestamente por instrucciones de Ramírez Irizarry, empleados transitorios fueron citados por sus supervisores de forma compulsoria a una reunión que se llevó a cabo el 20 de agosto de 2024 en el comité de su campaña. La reunión celebrada fue una de corte político partidista y se encontraban presentes alrededor de 60 personas entre los que se encontraban aproximadamente 20 empleados transitorios del Municipio. Durante la reunión el señor Ramírez Irizarry en sus expresiones a los presentes manifestó:
- Uno tiene que ganarse la cosas, expresando que la fe es buena pero también hay que hacer un trabajo.
- Hemos dado 218 empleos nuevos, en referencia a los empleos transitorios, y esos 218 los quiero caminando conmigo y los quiero ver en la campaña conmigo.
- Espero en Dios que de mañana en adelante tengan un compromiso con este partido, en referencia al Partido Popular Democrático.
- El momento de las excusas se acabó, cuando llega el año eleccionario no hay excusas.
- Lleven el mensaje a los jefes de agencia, saben que en sus oficinas hay empleados nuevos y exíjanle el compromiso que tienen que tener con nosotros, el empleo no cayó del cielo.
- Si nosotros desaparecemos del Municipio, mucha gente aquí va a tener que entregar carritos, no va a poder darse los viajecitos”.
“Los empleados municipales presentes, se sintieron presionados a hacer campaña por el Alcalde y el partido político al que éste pertenece. Sintieron igualmente que su permanencia en el empleo depende de que hagan campaña política por el Alcalde. A todas luces, el Alcalde de Arecibo, pretende utilizar su poder como autoridad nominadora para compeler a los empleados del Municipio a participar de actividades políticas que le favorecen a él, coaxionadolos con sus empleos. Sin lugar a dudas, las acciones del Alcalde aparentan ser contrarias a lo dispuesto en nuestra Carta Magna al disponer de recursos públicos con un fin político”, agregaron.
De acuerdo a los candidatos novoprogresistas a la legislatura, el alcalde afiliado al Partido Popular Democrático (PPD), pudo haber violado:
- “La Sección 9 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico, sostiene que “[s]ólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos […]”. Por otro lado, es menester nuestro señalar que la Ley Núm. 1-2012, según enmendada, conocida como Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental del Puerto Rico (Ley 1-2012), establece las normas éticas mínimas a las que se debe adherir un funcionario público. En este sentido el Art. 4.2 del citado estatuto, establece en su inciso (a) que “[u]n servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él […], cualquier beneficio que no esté permitido por ley. Dispone además el inciso (k) del citado artículo que “[u]n servidor público no puede, mientras se encuentra en funciones de su trabajo, dirigir o fomentar actividades que, directa o indirectamente, promuevan los intereses electorales de cualquier partido o candidato político”. Finalmente dispone el inciso (s) que “[u]n servidor público no puede llevar a cabo una acción que ponga en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental”.
- El Artículo 252 de la Ley 146, ante, establece que “[t]oda persona que utilice de forma ilícita, para su beneficio o para beneficio de un tercero, propiedad, trabajos o servicios pagados con fondos públicos será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años, y restitución. Si la persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de restitución, y multa de hasta diez mil dólares ($10,000)” (ennegreció nuestro). Además el Artículo 261, dispone que “[t]oda persona que obtenga o trate de obtener de otra cualquier beneficio al asegurar o pretender que se halla en aptitud de influir en cualquier forma en la conducta de un funcionario o empleado público en lo que respecta al ejercicio de sus funciones, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. Si la persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa hasta diez mil dólares ($10,000)”.
Fue el domingo, 25 de agosto que el secretario general de la Palma, el Lcdo. Hiram Torres Montalvo, presentó las grabaciones que aparentemente fueron entregadas por un empleado del municipio “indignado” por la obligación de trabajar en una campaña política. Destacó que el trabajador público está dispuesto a firmar una declaración jurada.
Sin embargo, Nieles “Ney” Nieves Ramírez —director de campaña de Ramírez Irizarry— reaccionó en la tarde del domingo a los audios presentados por Torres Montalvo, desmintiéndolos.
“Al igual que en el pasado, el PNP utiliza los recursos y las agencias gubernamentales para adelantar querellas frívolas y una agenda que solo busca lacerar la imagen del alcalde. Una vez más estamos listos para atender otra querella y colaborar con las agencias pertinentes con el fin de dar a conocer la verdad de los hechos. Como en el pasado, estamos confiados en que esta nueva querella al igual que otras evidenciará el desespero por parte del PNP de ocupar la poltrona municipal”, afirmó Nieves Ramírez en declaraciones escritas.