Un ejecutivo de una compañía distribuidora de acero se declaró culpable a nivel federal de conspirar para fijar precios de venta de varillas de refuerzos en Puerto Rico.
Se trata de Edgardo Solá Colón, quien es el presidente de Carolina Building Materials y ex presidente de otra distribuidora de acero en Puerto Rico.
Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, entre 2015 y 2022, incluido el período de reconstrucción tras los huracanes Irma y María en septiembre de 2017, Sola conspiró con empresas e individuos competidores para suprimir y eliminar la competencia fijando precios de productos de acero, incluidas las varillas de refuerzo, que se distribuían a ferreterías, contratistas de construcción y otras empresas e individuos en Puerto Rico, lo que resultó en ganancias sustanciales para los conspiradores.
Solá y sus competidores intercambiaron mensajes de chat de WhatsApp en los que acordaron precios específicos de varillas de refuerzo, incluidos aumentos de precios. Por ejemplo, en diciembre de 2020 Sola envió a Juan Carlos Aponte, un ejecutivo de una empresa competidora, un mensaje de chat con el precio de las varillas de refuerzo turcas, y Aponte respondió: “La posición es la siguiente: Plataforma $33.95, 10 paquetes $34.50, Menos de 10 paquetes: $34.95″ antes de preguntar: “La pregunta es ¿estamos en la misma página?”. Solá respondió: “Sí, eso es lo que estoy haciendo”.
En su acuerdo de culpabilidad, Solá admitió que más de 50 millones de dólares en ventas de sus empresas se vieron afectadas por la conspiración.
El pasado 7 de agosto, Aponte también se declaró culpable en el Tribunal Federal de Puerto Rico de participar en la misma conspiración para fijar precios, y ahora espera la sentencia.
“Al declararse culpable, este acusado admitió un acuerdo de larga data para fijar precios de varillas de refuerzo, un componente crítico de la cadena de suministro de construcción para Puerto Rico”, dijo el fiscal general adjunto Manish Kumar de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia.
“Esta declaración de culpabilidad demuestra el compromiso continuo de la División Antimonopolio de responsabilizar a las personas que se confabulan para aumentar los precios y perjudicar a todos los consumidores y empresas de Puerto Rico. Nosotros y nuestros socios en la aplicación de la ley continuaremos procesando a las personas responsables de conductas delictivas anticompetitivas como esta”, añadió.
Violar la Ley Sherman, que es un estatuto antimonopolio penal federal, es un delito grave.
La pena máxima para las personas condenadas por violar la Ley Sherman es de 10 años de prisión y una multa penal de 1 millón de dólares. La pena máxima para las corporaciones es una multa penal de 100 millones de dólares. La multa puede aumentarse al doble de la ganancia derivada del delito o al doble de la pérdida sufrida por las víctimas del delito si cualquiera de las cantidades es mayor que la multa máxima legal.
La sentencia de Sola está fijada para el 16 de diciembre.