El director ejecutivo de la Junta Fiscal, Robert Mujica dijo el miércoles que hay varios requisitos legales que tienen que cumplirse antes de cancelar el contrato de LUMA Energy para la administración del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica.
“Hay requisitos legales que se tienen que cumplir para cancelar el contrato. Lo que estoy diciendo es que quien proponga eso, tiene que tener disponible una alternativa que pueda funcionar”, dijo Mujica en conferencia de prensa.
“Tendríamos que aprobar cualquier contrato. Pero nuevamente, estás en medio del ciclo electoral. La gente está diciendo muchas cosas. Necesitamos asegurarnos de que el sistema esté funcionando, y más retrasos no sirven al pueblo de Puerto Rico. La respuesta fácil es tratar de echar la culpa y decir que es esto o aquello. La realidad, y creo que todos lo sabemos, es que estas conversaciones son políticamente convenientes, pero no necesariamente resuelven el problema. Si quieres deshacerte del operador, necesitas tener una alternativa. Y es mejor que la tengas de inmediato, porque la realidad es que cualquier transición tomará tiempo. Y durante ese tiempo, habrá aún más retrasos que los que ya existen”, añadió.
De paso, rechazó cualquier intento de regresar la operación del sistema eléctrico a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
“Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Recordemos cómo llegamos a este lugar. El operador anterior no invirtió en el sistema. La política intervino en las decisiones de políticas del sistema, y eso resultó en donde estamos. Y lo que estás empezando a ver son esos elementos reapareciendo: el operador anterior, la política interviniendo, tratando de quitarle poder al regulador independiente. Esos son todos los elementos de cómo llegamos a este lugar. Y con frecuencia, cuanto más te alejas de una crisis, más olvidas cómo llegamos aquí”, sostuvo.
La Junta Fiscal determinó tener mayor intervención en el asunto de la reconstrucción del sistema de energía eléctrica, por entender que el proceso está lento y porque supuestamente se lo solicitaron.
“La realidad es que no creo que nadie haya estado hablando sobre el hecho de que solo hemos gastado uno punto dos mil millones de los diecisiete mil millones disponibles, porque ese es el verdadero problema. Y eso no es culpa de un solo contratista o de otro. Es simplemente un fracaso general en el proceso de liberar esos fondos. Así que nuestro rol será reunir a todas las partes, averiguar qué se necesita hacer y luego asegurarnos de que se haga, trabajando con el gobierno o con cualquier persona dispuesta a colaborar, incluyendo al gobierno federal. El papel de la Junta, que comenzó hace aproximadamente uno o dos meses, es convocar a todas las partes de manera regular. También estamos en contacto con el gobierno federal, identificando problemas y reuniendo a las partes para encontrar soluciones. Puede haber múltiples elementos en esto: tal vez se necesiten más recursos, tal vez haya conversaciones con FEMA, tal vez haya un rol para otros en la administración en Washington. Estamos hablando activamente con la administración en Washington, ellos también están preocupados por la situación actual”, expresó.
“Y la razón por la cual la Junta no ha intervenido antes en este tema, que fue tu primera pregunta, es porque en el pasado, la Junta no controlaba ni gestionaba los fondos federales. Te puedo decir que cuando llegué aquí hace un año y medio, la transformación energética ya estaba en marcha, los operadores estaban en su lugar, los fondos federales supuestamente se estaban moviendo, y el gobierno tomó la posición de que era su competencia. Están gestionando los fondos federales. Y esa fue la posición que tomó la Junta. Lo que estaba sucediendo o lo que la gente decía que funcionaba claramente no está funcionando. El gobierno federal ha asignado diecisiete mil millones de dólares. Pero esos diecisiete mil millones de dólares deberían significar personas trabajando en las calles, camiones en las calles, no planes que digan que vamos a comenzar en tres, cuatro o cinco años, porque la gente no puede esperar. Esa es la frustración que estamos escuchando. Y hemos recibido solicitudes de miembros del Congreso, miembros de la administración, pidiéndonos que intervengamos y hagamos algo para que las cosas avancen. Y eso es lo que estamos haciendo”, concluyó.