El Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió excluir de la papeleta a los cuatro candidatos por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana. Esta determinación deja sin representación a más de 120.000 votantes de ese partido. Excluir a los cuatro candidatos por acumulación del MVC también tiene el efecto de asegurar que uno de los partidos del bipartidismo tradicional tenga el control de las cámaras legislativas. De esta manera, la mayoría del Partido Nuevo Progresista en el tribunal trata de preservar su propia existencia, pues en el próximo cuatrienio, probablemente haya que nombrar al menos tres nuevos jueces a ese tribunal. Los jueces Rafael Martínez, Mildred Pabón Charneco y Edgardo Rivera García se retirarán entre el año 2025 y el 2029. Esto significa que quien tenga control de Cámara y Senado, y la gobernación, tendrá poder para controlar el Tribunal Supremo por los siguientes veinte años. Así que es razonable inferir que lo que el tribunal está tratando de lograr es preservar su propia mayoría a costa del proceso democrático de Puerto Rico.
Esa es la mejor explicación para entender por qué el Tribunal Supremo ha decidido intervenir en un asunto político, excluyendo candidatos de un grupo que está creciendo políticamente e influenciando así la posible composición de la Cámara y el Senado. Cuando se lee la opinión disidente de la juez presidenta, Maite Oronoz y se compara con la opinión mayoritaria nos podemos percatar de que el razonamiento que sostiene la posición mayoritaria es contrario a las prácticas hermenéuticas tradicionales en el ámbito de la jurisprudencia puertorriqueña. Además de que, siendo un asunto que incide en los resultados de las próximas elecciones, no tengo duda de que se trata de un asunto político en el que el tribunal no debió intervenir desde el inicio.
Es inevitable pensar que Tribunal Supremo de Puerto Rico ha decidido intervenir en el proceso electoral para favorecer aquellos partidos, principalmente el Partido Nuevo Progresista, que controlan el proceso electoral y así evitar que la composición del tribunal pueda cambiar en los próximos años. Esto debería ser motivo de escándalo para la sociedad puertorriqueña. Aunque el Tribunal Supremo siempre ha operado, desde una perspectiva u otra, como un órgano que es parte de las instituciones políticas del país, no recuerdo haber visto una manifestación tan obvia de interferencia dentro de un proceso electoral. Esta intervención del Tribunal, excluyendo candidatos, utilizando como subterfugio una norma equivocada, es un clásico ejemplo del uso de las instituciones judiciales para decidir procesos políticos o lo que se conoce como Lawfare. Este caso debe llamar la atención no solo de los partidos afectados, en este caso el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño, sino de toda la sociedad civil que se verá afectada por la falta de representación en una legislatura que no va a tener legitimidad democrática a causa de esta decisión del Tribunal Supremo.
No es posible que nos quedemos callados, y mucho más allá, es irresponsable el silencio de muchas instituciones que deberían estar manifestándose públicamente, si no a favor del MVC, en contra de una intervención del tribunal que es peligrosa para el futuro político de Puerto Rico. Los tribunales no deben decidir elecciones, los electores deben decidir las elecciones. La práctica de excluir candidatos utilizando subterfugios legales, reglamentarios o administrativos, ha sido criticada por parte de muchos sectores que ahora se benefician de la misma estrategia en Puerto Rico, cuando ha sido realizada en otros países que no son de su agrado. Es por ello que tenemos que reconocer que la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico debe ser debatida, debe ser discutida, debe ser analizada, debe ser puesta en duda.
La preservación del orden democrático está hoy más en precaria y en peligro que nunca. Así que las fuerzas democráticas del país deben prepararse para defender la institucionalidad y la legitimidad de nuestro sistema para poder asegurar un futuro para la democracia en Puerto Rico. Esta estrategia también la utilizaron cuando el Partido Popular Democrático trató de inscribirse en su origen. No debemos permitir que volvamos a los tiempos en los que los caudillos controlaban el país y en el que las voces disidentes eran perseguidas y reprimidas. La protección de la democracia es un imperativo ético que no podemos dejar de cumplir.