El equipo legal de Mark Rossini negó que hubiese motivación política en la radicación de la moción que sacó a la luz que la exgobernadora Wanda Vázquez grabó, en 2019, de forma encubierta para el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), sus reuniones con los líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP) Thomas Rivera Schatz y Jenniffer González bajo la impresión de que estaba siendo sobornada.
Los abogados Michael B. Nadler y Juan Michelen —quienes representan a Rossini— aseguraron en entrevista con Metro Puerto Rico que el término para radicar la moción en la que piden la desestimación de cargos estaba por vencer. De hecho, destacaron que encontraron el informe de la colaboración de Vázquez con el FBI entre decenas de millones de documentos.
“No tenemos ninguna intención política en este caso. El término para radicar vencía y teníamos que radicar. No tenemos ningún interés político, pero su audiencia, sí, debería porque este caso levanta el cuestionamiento sobre si alguien con recursos en Puerto Rico quiere batallar contra la corrupción e identifica un candidato que se alinee a esos intereses y le plantea que si nombra a una persona para luchar contra la corrupción, le va a aportar $100,000; de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, estaría cometiendo soborno. Eso es lo que plantea este caso. Como abogado y exfiscal, me aterra porque se estaría usando el aparato federal para acallar personas que quieren promover un cambio. Insisto, no tenemos ningún interés en la política de Puerto Rico”, dijo Nadler.
La defensa de Rossini planteó, en sus mociones y en la entrevista con Metro Puerto Rico, que su cliente y el coacusado, Julio Herrera Velutini, estaban cabildeando sobre mejores prácticas en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), práctica que no es ilegal.
Luego de la explosiva moción de los abogados del exagente del FBI, la defensa de la exgobernadora radicó otra moción en la que descartan utilizar la evidencia que traen los abogados de Rossini porque entienden es un asunto ajeno a la acusación. Algo que dista de la estrategia legal de Nadler y Michelen, quienes utilizan la cooperación de Vázquez en el 2019 con los federales, así como la relación de su cliente con el FBI en Puerto Rico, para plantear inconsistencia tanto sobre una intención criminal por parte de los acusados, así como el curso de acción de las autoridades federales.
“Ustedes son los abogados de Rossini, ¿por qué traer el informe sobre Wanda Vázquez en su moción?”, cuestionó Metro Puerto Rico.
“Porque están juntos en la acusación. Miramos toda la evidencia, no solo la evidencia relacionada con Mark, sino la de todos los acusados. Se seguían levantando cuestionamientos. Nuestra pregunta desde el principio ha sido: ¿Cómo terminamos aquí? Cuando ves a alguien como Wanda Vázquez, que llegó a apoyarlos así, a quiénes se reportaba y lo que el FBI hacía; luego ves cuál era el trato del FBI con Mark, y todas estas preguntas comienzan a entrelazarse. No puedes mirarlo de forma aislada. Tenemos que verlo como un caso grande porque es una misma agencia, el FBI en Puerto Rico que investigaba esto y ahora están todos envueltos. Cuando miras todos los hechos, te sigues preguntando cómo Justicia acusó en este caso”, respondió el abogado Nadler.
Según indicaron, la fiscalía les ha ido entregando decenas de millones de documentos en un extenso proceso de descubrimiento de prueba que aún continúa. Ambos abogados aseguraron que para ellos fue sorpresivo el informe que forma parte del exhibit que incluyeron en su moción.
“Lo más sorpresivo fue que lo encontramos. No estaba identificable. Estaba entre millones de páginas. Fácilmente pudo suceder que no lo hubiésemos encontrado. Simplemente lo encontramos”, detalló Michelen.
De hecho, en la moción que luego radicó la defensa de la exgobernadora, se detalla que el informe del FBI al que se hace referencia fue entregado por la fiscalía hace más de un año. “En ese momento, revisamos los elementos proporcionados por el gobierno y determinamos que no estaban relacionados con el caso en cuestión, por lo que no se utilizarían en defensa de Vázquez-Garced y debían mantenerse privados”, lee la moción de los abogados de la exgobernadora. Agregaron que, cuando en verano la defensa de Rossini circuló un borrador de su moción, le pidieron que no divulgaran la cooperación de Vázquez con el FBI. Algo que, en efecto, la defensa del coacusado confirmó a Metro Puerto Rico.
“Sí, el equipo legal de la gobernadora Vázquez nos pidió que no divulgáramos la información sobre los intentos de los funcionarios electos 1 y 2 de sobornarla en 2019, pero no porque creyeran que era irrelevante, como afirmaron en su moción. Si bien no creemos que sea apropiado revelar los detalles de las conversaciones privadas con los abogados adjuntos, dejamos en claro que procederíamos a presentar la moción, para que no les tomara por sorpresa su radicación. Podemos afirmar con confianza que todo en nuestra moción es factualmente exacto y consistente con nuestro deber de defender al señor Rossini”, reaccionó por escrito el abogado Nadler.
En la entrevista por videollamada, el abogado no pudo comentar sobre la identificación de los oficiales de gobierno a los que se hace referencia en su moción. Sin embargo, tanto Rivera Schatz como González confirmaron informes de prensa que los identifican como los funcionarios que fueron grabados por Vázquez. Ambos líderes del PNP destacaron que esa investigación fue cerrada sin formulación de cargos.
“El hecho de que Mark cooperara y diera información al FBI, el hecho de que Wanda diera información al FBI, ¿qué es lo que realmente demuestra? Muestra su conducta […] ¿Tiene sentido que estas mismas personas unos meses después participen en un soborno?”, cuestionó el licenciado, quien comentó que, como exfiscal, veía que delincuentes tratan de estar muy lejos de las autoridades de ley y orden.
No ven el quid pro quo
Los abogados Nadler y Michelen afirman que no hubo los delitos que imputa el gobierno y que las agencias de ley y orden se han extralimitado. “El gobierno se ha extralimitado drásticamente en la forma en que ha clasificado, cuantificado y creado una narrativa sobre este caso”, sostuvo Nadler. Ambos apuntan a que no han encontrado evidencia clara de un quid pro quo, que sería un intercambio de manera delictiva.
Por ejemplo, teorizan que si hubiese habido un quid pro quo luego del nombramiento de Víctor Rodríguez Bonilla en OCIF, se hubiese dado el financiamiento a la campaña de Vázquez. “No se creó ningún PAC. No se financió. No pasó nada. Y nadie de la campaña de Wanda preguntó nunca al respecto. Nunca dijeron: ‘hicimos lo que pidió, ¿dónde está nuestro dinero?’. No hay ninguna conversación sobre nada de eso”, aseguró Nadler sobre la evidencia examinada al momento.
Michelen destacó que Rodríguez Bonilla no fue el candidato número uno, ni número dos, en la lista de opciones iniciales para la dirección de OCIF, tras el despido de George Joyner, que según la acusación federal, se hizo por petición de Herrera-Velutini a cambio de apoyo financiero a la campaña de Vázquez. Pero los abogados sostienen que ese apoyo financiero nunca llegó, ni fue requerido por parte de la campaña de Vázquez. Incluso, negaron que la encuesta realizada por Herrera-Velutini haya sido el beneficio para Vázquez. “La encuesta se hizo pública para todo el mundo. No se centró en Wanda. Se centró en toda la carrera porque Julio, como otros, están tratando de averiguar a quién apoyar”, enfatizó el abogado.
Detallan errores
Los abogados señalaron fallas en el proceso de descubrimiento de evidencia que se supone sea ágil y que revele cualquier posibilidad de prueba exculpatoria. En ese sentido, se alinean a una moción reciente de la defensa de Herrera-Velutini que plantea violaciones a lo que se conoce como “Material Bradley” sobre evidencia exculpatoria.
Nadler desconoce cuánta evidencia aún no se les ha facilitado. Por ejemplo, los abogados todavía no tienen nada sobre el empresario Fahad Ghaffar, quien se conoce será testigo de la fiscalía.
“Hemos recibido más de 50 millones de páginas de descubrimiento, más de 2 terabytes de datos, incluidas numerosas extracciones de teléfonos. Sin embargo, no nos han facilitado la extracción del teléfono de Fahad Ghaffar”, respondió el abogado a la pregunta de este diario sobre si tenían material del teléfono del empresario.
La fecha del inicio del juicio está pautada para el 25 de enero de 2025. Sin embargo, los abogados sostienen que no es viable estar preparados para esa fecha por la cantidad de evidencia que les han entregado y la que aún esperan.
Hoy, jueves, se celebrará una vista virtual sobre el estado de los procedimientos.
La exgobernadora enfrenta tres cargos por defraudar al gobierno de Estados Unidos, soborno con fondos federales y fraude electrónico. Vázquez fue acusada por un gran jurado federal el 8 de marzo de 2022 junto a Herrera Velutini, dueño de Bancrédito Interantional Bank & Trust Corporation, así como el exagente del FBI Rossini, quien trabajaba para el banquero. Se imputa que el banquero buscaba que Vázquez hiciera cambios en el gobierno para frenar la fiscalización de OCIF sobre Bancrédito. También fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito; y John Blakeman, exasesor político de Vázquez, quienes se declararon culpables mediante un acuerdo con las autoridades federales para cooperar en este caso.