El mes de octubre coloca en discusión pública la presencia de una profesión con más de 80 años en Puerto Rico. El Trabajo Social es una profesión con gran impacto social, pero pobre reconocimiento. La Ley 171 de 1940 establece la profesión del Trabajo Social junto al Colegio de Profesionales del Trabajo Social. Mientras que la Ley 12 de 2023, declara el cuarto viernes de octubre el “Día del Profesional del Trabajo Social.” Se estima que en la isla existen 7,600 trabajadores sociales insertados en la fuerza laboral pública y privada. Desde el Departamento de la Familia, Departamento de Educación, Departamento de Justicia hasta las escuelas, las universidades y las comunidades. La Universidad de Puerto Rico por décadas ha formado profesionales con alto compromiso con los derechos humanos, la justicia social y la dignidad humana.
Sin embargo, la profesión ha tomado un giro enfocado en aspectos individualistas. Limitándose a espacios de trabajo o prestación de servicios precarizados que atienden parcialmente las necesidades sociales, lo cual reduce nuestro ejercicio profesional a la reproducción de una imagen tradicional de la profesión, que no permite visualizarnos en discusiones importantes en el país.
Siendo la primera línea de respuesta social, con regularidad se nos excluye de contextos sociales y políticos. Nos encontramos en una coyuntura histórica que requiere que estudiantes en formación y profesionales del Trabajo Social, nos involucremos en la discusión política-electoral. El Trabajo Social es una profesión altamente vinculada con la política, particularmente con la política social. Son estas políticas las que impactan directamente los servicios que se ofrecen a la ciudadanía, es por esto que no podemos desvincularnos del análisis de las propuestas de los actuales candidatos a la Gobernación, legislatura y otros cuerpos legislativos.
En la revisión de las propuestas se observó que solo uno de los candidatos considera al profesional del Trabajo Social en su plan de gobierno. Esto evidencia desconocimiento e invisibilidad de nuestra profesión en diversos escenarios. Por ejemplo, la formulación e implementación de políticas públicas en el área de pobreza, niñez y juventudes, adultez mayor, familias y comunidades. Además del fortalecimiento de la Administración de los Servicios Sociales. A esto se le suma las condiciones laborales precarias, en las que día tras día prestamos servicios a la ciudadanía. Esto queda evidenciado tras el veto del Gobernador al PS 893, el cual tenía como propósito establecer la “Carta de Derechos de los Profesionales del Trabajo Social en Puerto Rico”. Además de la dilatación en el proceso de revisión y aprobación del PS 894, el cual tenía como propósito establecer el salario base para los y las profesionales de Trabajo Social en Puerto Rico, para garantizar el reconocimiento y visibilidad de nuestra profesión.
Urge que la academia revise los currículos para que el estudiantado pueda traducir lo aprendido en el salón de clases a la realidad social del país. Los programas deben generar espacios y estrategias que promuevan la lucha por mejores condiciones de trabajo. Es necesario poner en discusión las condiciones precarias que también enfrenta el estudiantado en las Universidades y escenarios de práctica. Por otro lado, los/as aspirantes a dirigir el país deben reconocer e integrar a los/as profesionales del Trabajo Social en sus planes de gobierno, así como en la formulación de iniciativas comunitarias y políticas públicas enmarcadas en los derechos humanos, la justicia social y la dignidad humana. Los/as trabajadores sociales necesitamos incomodar e incomodarnos. Tenemos que trascender los salones de clases, las oficinas y las conferencias. Hay que movernos a un Trabajo Social diferente, activo y presente que actúe de frente a las complejidades sociopolíticas de nuestro país.